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EL DIARIO digital
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Osvaldo Jaldo decidió enfrentar públicamente la polémica por la compra de una propiedad en Tafí del Valle valuada en 300 mil dólares y aseguró que toda la operación fue "totalmente legal, transparente y declarada".
Pero lejos de apagar el tema, sus explicaciones volvieron a poner sobre la mesa una discusión incómoda en Tucumán: la falta de acceso público a las declaraciones juradas de los funcionarios.
"Mi obligación es dar explicaciones"
Durante un acto oficial en la Casa de Gobierno provincial, Jaldo reconoció el impacto político del caso y buscó tomar la iniciativa.
"Mi obligación como gobernador, como político y como tucumano es dar las explicaciones correspondientes", afirmó.
El mandatario explicó que la vivienda fue adquirida mediante un crédito hipotecario UVA otorgado por Banco Macro.
Cómo fue la operación
Según detalló el propio gobernador:
La propiedad tiene 2.347 metros cuadrados
El crédito fue de $266.250.000
La operación se concretó en 2024
La escritura quedó formalizada en enero de 2025
El inmueble figura registrado a nombre de Jaldo y de su esposa, Ana María del Valle Grillo.
El mensaje político: "Invertí en Tucumán"
En medio de las críticas, el gobernador también intentó darle una lectura política a la compra.
"Invertí en Tucumán, no me fui a invertir fuera del país ni fuera de la provincia", sostuvo.
La frase buscó instalar la idea de una inversión local y transparente, aunque el debate rápidamente se trasladó al terreno patrimonial y de acceso a la información pública.
El punto más sensible: las declaraciones juradas
El caso volvió a exponer una situación que desde hace tiempo genera cuestionamientos en Tucumán:
la provincia no exige la publicación obligatoria de las declaraciones juradas de funcionarios.
Eso significa que:
La ciudadanía no puede acceder fácilmente a información patrimonial
No existe un sistema amplio de control público
La evolución de bienes y patrimonio queda limitada al ámbito administrativo interno
En ese contexto, cualquier operación inmobiliaria de alto valor adquiere una dimensión política mucho mayor.
Una discusión que excede una propiedad
Aunque Jaldo insiste en que la compra fue completamente legal, el episodio volvió a abrir una discusión más profunda sobre:
Transparencia
Control patrimonial
Acceso a información pública
Rendición de cuentas de funcionarios
Y en un clima político donde las sospechas sobre enriquecimiento y patrimonio ocupan cada vez más espacio en la agenda nacional, la defensa del gobernador terminó amplificando una pregunta incómoda: cuánto puede controlar la sociedad cuando la información no es pública.
