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EL DIARIO digital
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El Tribunal Oral Federal N°2 avanzó sobre propiedades y activos vinculados a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la ejecución patrimonial de la causa Vialidad. La medida alcanzó incluso al departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria, además de inmuebles en Puerto Madero, El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén. La Justicia busca garantizar el recupero de los $685.000 millones establecidos como perjuicio al Estado.
La causa Vialidad vuelve a golpear sobre uno de los puntos más sensibles: el patrimonio.
El Tribunal Oral Federal N°2 ordenó embargar un amplio conjunto de propiedades y activos comerciales vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, dentro del proceso destinado a recuperar el dinero que la Justicia fijó como perjuicio patrimonial ocasionado al Estado.
Y entre los bienes alcanzados aparece uno particularmente simbólico: el departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la expresidenta cumple actualmente prisión domiciliaria.
La resolución forma parte de las medidas patrimoniales adoptadas en la causa y apunta a garantizar bienes suficientes para afrontar el decomiso.
La cifra en juego es gigantesca: $685.000 millones.
Qué significa el embargo sobre el departamento de Cristina Kirchner
La decisión judicial no significa que el departamento vaya a ser rematado inmediatamente ni que Cristina Kirchner pierda automáticamente la titularidad del inmueble.
El embargo establece una indisponibilidad jurídica.
En términos prácticos, busca impedir que los bienes alcanzados puedan ser vendidos, transferidos o utilizados para realizar determinadas operaciones mientras continúa el procedimiento destinado a concretar el decomiso.
Es decir, la Justicia primero congela los activos.
El destino definitivo será determinado posteriormente dentro del proceso judicial.
Puerto Madero también quedó bajo la lupa
La resolución no se limitó al inmueble donde permanece la expresidenta.
El TOF N°2 también avanzó sobre propiedades ubicadas en uno de los sectores inmobiliarios más exclusivos de Buenos Aires.
En el Complejo Madero Center, en Puerto Madero, quedaron alcanzados por las medidas un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera.
Se trata de otro bloque de activos incorporado al esquema patrimonial que el tribunal pretende mantener inmovilizado mientras avanza la ejecución.
Embargos en Santa Cruz
La decisión judicial también cruzó la Patagonia y alcanzó numerosos bienes ubicados en Santa Cruz, provincia históricamente vinculada a la familia Kirchner.
Entre ellos aparecen terrenos y edificaciones en diferentes localidades.
Uno de los bienes incluidos es el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén, en la localidad cordillerana de El Chaltén.
También fueron alcanzados inmuebles ubicados en El Calafate y Río Gallegos.
En la capital santacruceña figura el conocido chalet de Cristina Kirchner ubicado sobre la costanera, además de otras propiedades situadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
De esta manera, el avance patrimonial de la causa abarca bienes distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de Santa Cruz.
La Justicia busca recuperar $685.000 millones
El trasfondo económico de la resolución es uno de los aspectos centrales del expediente.
El tribunal estableció en $685.000 millones el monto correspondiente al perjuicio patrimonial al Estado derivado de las maniobras juzgadas en la causa Vialidad.
Ahora comienza otra batalla: conseguir que ese monto pueda ser efectivamente recuperado.
El decomiso constituye precisamente una herramienta destinada a impedir que el beneficio económico proveniente de un delito permanezca en manos de quienes resultaron responsables y a permitir su recuperación por parte del Estado.
Por eso la investigación patrimonial y la identificación de activos se convirtieron en una pieza fundamental de esta etapa.
La medida también alcanza bienes de Máximo y Florencia Kirchner
Uno de los aspectos que seguramente alimentará la discusión jurídica y política es la inclusión de bienes relacionados con Máximo y Florencia Kirchner.
Los hijos de la expresidenta no fueron condenados en la causa Vialidad.
Sin embargo, los jueces fundamentaron la extensión de determinadas medidas sobre bienes vinculados a ambos dentro del proceso de ejecución patrimonial.
La decisión fue adoptada por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del Tribunal Oral Federal N°2.
El alcance sobre esos activos deberá analizarse a partir de la trazabilidad, origen y transferencias patrimoniales consideradas por el tribunal, independientemente de que Máximo y Florencia Kirchner no hayan recibido condena en este expediente.
Del expediente penal a la pelea por los bienes
La causa Vialidad entró así en una fase donde los números y las propiedades adquieren tanto protagonismo como las condenas.
La Justicia ya estableció responsabilidades penales. Ahora el desafío pasa por hacer efectivo el recupero económico fijado por el tribunal.
Y el monto convierte esa tarea en una operación patrimonial de enorme dimensión.
Son $685.000 millones que deberán respaldarse con bienes suficientes si el proceso de decomiso avanza en los términos establecidos judicialmente.
Por eso aparecen departamentos, cocheras, terrenos, hoteles y viviendas dentro de las medidas adoptadas.
Incluso el inmueble donde Cristina Kirchner atraviesa actualmente su prisión domiciliaria.
La imagen tiene un fuerte peso político, pero jurídicamente la diferencia es importante: el departamento de San José 1111 quedó embargado, no rematado.
El tribunal inmovilizó el bien mientras continúa una pelea mucho más grande: determinar qué activos terminarán destinados a cubrir los cientos de miles de millones de pesos que la Justicia reclama recuperar para el Estado.
