Revelaron cómo murió Daiana Mendieta en Entre Ríos tras conocerse los resultados de la autopsia
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
Con 140 votos a favor y 80 en contra, la Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma que obliga al Poder Ejecutivo a obtener el aval del Congreso para sostener sus decretos. El oficialismo denunció una maniobra "desestabilizante".
En una jornada de alto voltaje político, la oposición logró un nuevo triunfo parlamentario al aprobar en la Cámara de Diputados la reforma de la ley que regula el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y los decretos delegados emitidos por el Poder Ejecutivo.
El proyecto, que obtuvo 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones —en su mayoría radicales—, limita la discrecionalidad presidencial al exigir que, en un plazo de 90 días, los decretos sean ratificados por ambas cámaras del Congreso. Si no lo hacen, perderán vigencia automáticamente.
La iniciativa también introduce un cambio clave: bastará con que una sola cámara rechace un DNU para dejarlo sin efecto. De esta manera, se elimina la llamada "sanción ficta" incorporada en 2006 durante el kirchnerismo, que consideraba aprobados los decretos si el Congreso no se pronunciaba.
El oficialismo calificó la ofensiva opositora como "una acción desestabilizadora" y denunció que busca condicionar al presidente Javier Milei. "Nadie puede pecar de ingenuo ni creer que el kirchnerismo quiere mejorar las instituciones de la república. Se proponen desestabilizar al Gobierno", advirtió Nicolás Mayoraz, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
En la misma línea, el diputado libertario Álvaro Martínez sostuvo que "cada vez que el kirchnerismo no gobierna, entorpece. Cuanto peor, mejor".
Desde la vereda opositora, Nicolás Massot (Encuentro Federal) defendió la reforma: "Esta ley no atenta contra la gobernabilidad. Es a favor. Sirve para que el Gobierno entienda que necesita construir mayorías. Si no lo hace, no hay tercio que los salve".
Miguel Pichetto, del mismo espacio, recordó haber votado la norma original en 2006, pero consideró necesaria su revisión: "El abuso de los vetos y de los DNU es un dato negativo que muestra una visión muy limitada de la democracia. Los decretos deben tratarse con seriedad".
El radicalismo, histórico opositor a la ley 26.122, mostró fisuras internas. Mientras Julio Cobos acompañó la iniciativa por entender que "los DNU deben tener la misma jerarquía que una ley tradicional", el bloque liderado por Rodrigo De Loredo se abstuvo y pidió que la reforma entre en vigencia recién en 2027. "Exigirle esto a un gobierno sin gobernadores ni intendentes es institucionalmente desestabilizador", argumentó.
Desde el PRO, Damián Arabia reclamó a los bloques opositores "no ser funcionales al kirchnerismo" y apeló a la "ética de la responsabilidad", citando a Max Weber mientras levantaba la Constitución Nacional.
Más cauto, Ricardo López Murphy advirtió que "los errores políticos se pagan" y alertó sobre el riesgo de que la reforma sea declarada inconstitucional.
El debate dejó en evidencia una doble paradoja: el oficialismo defendiendo una norma impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, y el kirchnerismo en silencio durante casi toda la sesión. Solo Mónica Litza, del massismo, intervino para remarcar que "el problema no es el instrumento sino cómo se ha utilizado. Hubo decretos que ampliaron derechos, como el de la Asignación Universal por Hijo".
Con esta votación, la oposición dejó en claro que, más allá de sus diferencias internas, puede construir mayorías legislativas para ponerle límites al Ejecutivo. En el tablero político, el golpe fue directo al corazón del oficialismo.
