Opinion

La deuda pública, la pobreza y la deuda política

Por Santiago Ferro Moreno (*)

La pérdida de potencia y calidad de intervenciones del Estado ya es estructural, hace décadas que tenemos los mismos problemas y se proponen las mismas acciones. Sin un plan, Argentina se encuentra coordinada por organismos multilaterales, entrampada en políticas mezquinas, con la economía concentrada en pocas manos y con índices macroeconómicos y de pobreza insostenibles.

Analicemos los frentes.

FRENTE INTERNACIONAL-MULTILATERAL.

Si empezamos por la deuda, según un informe de Oxfam, el 87% de 107 préstamos entregados por el Fondo Monetario Internacional entre 2021 y 2022 exigen políticas de recortes y austeridad para el financiamiento del ejercicio de derechos consolidados en Latinoamérica. El famoso e histórico "haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago": ningún país de los llamados desarrollados salió de la pandemia y busca reactivar su economía con esta receta.

En la pandemia, Argentina fue uno de los países que mejor reaccionó en dos líneas: a) conseguir, financiar y aplicar vacunas aprobadas (en casi todos los indicadores se encuentra en el top 20 mundial); b) invertir en protección social, incrementando 3,52% del PIB para atender las problemáticas sociales y laborales que implicaba paralizar la vida social y la economía. Ambos frentes implicaron (e implican) dinero, para un país que ya venía híper endeudado.

Cuando el promedio de endeudamiento de Latinoamérica es del 53% del PIB, Argentina se encuentra comprometido en un ratio del 80% aproximadamente. Arrastrando deuda improductiva (fugada) y muy asfixiante, y teniendo que negociar un nuevo programa con el FMI, con facilidades ampliadas, que implican, como contraparte, condiciones y objetivos. En el País estamos implementando metas de ajuste, que tienen como fin disminuir el déficit para poder recibir nuevos desembolsos, importantes para las cuentas nacionales y las expectativas de los mercados, internos y externos, que impactan en el riesgo país, los dólares ilegales o financieros y demás indicadores porteños de coyuntura.

Argentina es uno de los países más endeudados del mundo con el FMI, y tiene exigencias imponentes para ir reduciendo paulatinamente su gasto primario, hasta situarlo en 20,5 % del PIB en 2023. El FMI recomienda una focalización estricta de subsidios y de programas sociales, además de una gestión prudente de los salarios y las pensiones. Propone, para el bien de las/os que andamos a pie, bajar el nivel elevado de inflación, estimular las reservas, subsanar las brechas del país en materia social y de infraestructura, y fomentar el crecimiento inclusivo.

Estamos en una etapa histórica mundial, donde la inflación de la gran mayoría de los países ha aumentado fuertemente y existen conflictos bélicos que condicionan e impactan en varios mercados de materias primas y energía. Por nuestra trayectoria, falta de gestión y mirada estratégica, no aprovechamos las oportunidades y potenciamos las amenazas.

FRENTE NACIONAL.

En este contexto, la agenda nacional está condicionada por una falta de planes acordados por fuerzas políticas, sin acciones de largo plazo, anticipatorias y estructurales. Con evidencias estructurales de problemas de gestión, de formas de pensar y llevar adelante los gobiernos del Estado. Esto es causa y se ve potenciado por la deuda con el FMI, que ante tal falta de capacidades de liderazgo y profesionalismo, maneja las principales variables del país. Y se le suman las pujas de poder, que hace rato vienen ganando las empresas que concentran los mercados alimentarios, de energía y minerales. Formadores de precios y márgenes son los que manejan las políticas económicas de Argentina y orientan el gasto de las familias desde hace más de 30 años.

Y llegamos a los indicadores, de resultado y condicionantes de futuros procesos, publicados de pobreza e indigencia. Donde más duele la falta de gestión y planes profesionales de largo plazo. Según los datos del INDEC, el 27,7% de los hogares en Argentina, ubicados en los 31 principales aglomerados urbanos, está en condiciones de pobreza, lo que implica el 36,5% de las personas. La tendencia, respecto a los semestres anteriores, es a la baja. Los hogares en condiciones de indigencia son el 6,8%, que implica el 8,8% de la población nacional.

Con este condicionante estructural, que afecta a más de la mitad de las chicas y los chicos, las próximas generaciones. Hace años que, medida por indicadores objetivos, la educación en Argentina viene perdiendo capacidad, calidad y universalidad. El acceso a educación de calidad, en condiciones aptas para el aprendizaje, no está dado en ninguno de los niveles desde hace mucho tiempo.

El frente judicial, para un lado y el otro es un tema en sí mismo. Lo que no está en duda es la capacidad y calidad de este poder, que es totalmente corrompible, y que, por sus derechos coloniales adquiridos, está totalmente alejado de la sociedad y su agenda de justicia real. Indicadores claros sobran.

FRENTE PROVINCIAL.

La pobreza en el conglomerado Santa Rosa-Toay llegó en el primer bimestre de 2022 al 35,9% de las personas y al 27% de los hogares. Una de cada tres personas son pobres y 1 de cada 4 hogares. La indigencia alcanza al 13,2% de las personas y al 9,1% de los hogares. Números que ubican al conglomerado por encima de los promedios de las regiones pampeana y patagónica. Es el segundo conglomerado urbano nacional con mayor porcentaje de indigencia, medidas en personas y hogares, superado solo por Gran Resistencia.

La matriz productiva no se ha diversificado, seguimos dependiendo del sector primario y de servicios (en gran parte, todos los estamentos del Estado). Con un presupuesto provincial per cápita envidiable para muchas localidades y regiones, la provincia está generando resultados de pobreza, indigencia, cantidad y calidad de puestos laborales, acceso a la educación e infraestructura básica que no son alentadores y vienen arrastrando desde hace décadas deudas sociales, ambientales y económicas muy importantes. Indicadores como los puestos de trabajo formales, y los generados en los últimos tiempos, ubican a la provincia en el puesto 19° (0,6% de los puestos de trabajo nacionales). Lo mismo pasa con las empresas: en La Pampa, relativamente, cada vez hay menos. En 2021 las empresas pampeanas representaron el 0,12% de las empresas nacionales (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social).

En estos años se ha invertido en Santa Rosa como nunca en la historia, pero la canalización de los recursos sociales sigue estando direccionada a tapar el sol con la mano. Acá hay plan, pero no se ejecuta. Los puestos de trabajo están estancados, toda la infraestructura fuera del radio céntrico está muy deteriorada y restringe de manera sustancial el desarrollo. La canalización de recursos, siempre escasos, hacia proyectos aislados e individualistas, sin participación y sentido de largo plazo, ha sido el patrón común de las últimas 3-4 gestiones.

REFLEXIONES PARCIALES.

No es momento de aplicar medidas de consolidación fiscal que representen un obstáculo para la ampliación de servicios públicos que garantizan los derechos humanos y reducen las desigualdades. La devaluación del peso, inducida por la especulación y potenciada por la falta de gestión estructural de los recursos del Estado, solo empeora (rá) todos los indicadores sociales, ambientales y económicos. Relativamente somos un país muy barato, y es por falta de gestión y planes de largo plazo, por no valorar y gestionar nuestros recursos y capacidades.

Por el poder de empresas que forman precios y cantidades, y un Estado mal administrado desde hace décadas, estamos en un espiral inflacionario estructural, que este año implicará estar muy cerca de los tres dígitos, con más pobreza, indigencia, incertidumbre, fuga y concentración.

Una gran parte de las políticas nacionales son coyunturales, pensadas de manera unitaria y con objetivos mezquinos y cortoplacistas. No tienen en cuenta la diversidad y calidad federal de Argentina. No potencian economías regionales.

Y mucho menos se hacen con sentido de anticiparse o construir futuro, buscando solo de manera superficial aportar a agendas de mediano plazo, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible de 2030.

La diversificación de la matriz productiva provincial implica pensar la provincia que se viene, enfocada en las tendencias de mediano y largo plazo y en la contribución a una agenda nacional e internacional de desarrollo sostenible. La capacidad potencial de la provincia, de sus recursos, capacidades y personas es impresionante. Falta un Estado que lidere, proponga caminos hacia un norte común, de mediano y largo plazo.

No pensar de manera autocrítica permite generar espacios para que aparezcan los extremismos, como ha pasado y está pasando en varios países. Hay que anticiparse nacional y provincialmente a eso. 

(*) Docente-investigador UNLPam; Doctor en Ciencias Económicas; Licenciado en Administración de Negocios Agropecuarios.

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