Investigan créditos millonarios del Banco Nación otorgados a funcionarios y familiares de LLA
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EL DIARIO digital
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En el marco del 44° aniversario del inicio del conflicto por las Islas Malvinas, el ministro de Defensa, Carlos Presti, encendió una polémica de alcance nacional al referirse al hundimiento del ARA General Belgrano. Durante una entrevista con A24 el pasado 2 de abril, el funcionario (quien desempeñó una carrera de 41 años en el Ejército) minimizó la postura que considera al ataque como un crimen. Para el ministro, el impacto de los torpedos británicos ocurrió en un contexto donde las fuerzas "estaban en combate", por lo que lo definió estrictamente como un "acto de guerra".
La declaración de Presti chocó de frente con la "biblioteca" jurídica y el sentimiento de gran parte de la sociedad argentina, que sostuvo durante décadas que el ataque fue ilegal. Al no avalar la tesis del crimen de guerra, el ministro ratificó una posición técnica que la Armada mantuvo históricamente, pero que hoy resultó políticamente explosiva. El cuestionamiento central radicó en que el buque se encontraba fuera del área de exclusión dictaminada por Gran Bretaña al momento de ser interceptado por el submarino nuclear Conqueror.
La respuesta política no tardó en llegar desde la Cámara de Diputados. El legislador socialista Esteban Paulón lanzó un proyecto de resolución para expresar su "más enérgico repudio" a los dichos del titular de Defensa. Paulón consideró que las palabras del ex jefe del Ejército representan una "ofensa inexcusable" no sólo para los familiares de los caídos, sino para toda la población. Para el diputado, calificar el hecho como un simple acto de guerra implicó desconocer las condiciones irregulares del ataque ordenado por Margaret Thatcher.
En su reclamo, Paulón exigió una rectificación pública y urgente por parte de Presti. El legislador recordó que el Belgrano se encontraba a 231 millas marinas de la zona de conflicto cuando fue impactado, lo que invalidó cualquier justificación operativa bajo las propias reglas impuestas por los británicos en 1982. Además, el diputado pidió que el Estado Nacional reitere su reconocimiento a los tripulantes fallecidos como víctimas de una agresión que rompió los estándares internacionales de la guerra.
Finalmente, el conflicto quedó planteado como una pulseada por la memoria histórica en un año de especial sensibilidad. Mientras el Gobierno intentó sostener una mirada técnica-militar sobre los sucesos de 1982, la oposición buscó blindar el consenso sobre la soberanía y el respeto a los mártires. La polémica por el Belgrano reabrió una herida que, a 44 años del evento, demostró que todavía no hay acuerdo entre las partes.
