Uno por uno, todos los cambios tributarios que impulsa la reforma laboral
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EL DIARIO digital
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El proyecto de reforma laboral enviado al Senado por el presidente Javier Milei tras su regreso de Oslo, encontró una resistencia inmediata por parte de la principal agrupación de jueces. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió una declaración de rechazo explícito a la propuesta de "disolución progresiva" de la Justicia Nacional del Trabajo.
El extenso proyecto, compuesto por 196 artículos, ingresó al Senado el jueves y comenzará su intenso debate en comisiones a partir del lunes, con el objetivo del Gobierno de lograr la media sanción antes de fin de año.
La controversia se centra en dos artículos que buscan limitar la discrecionalidad de los tribunales y avanzar en el traspaso de competencias:
Artículo 90: Obliga a los jueces a adecuar sus decisiones a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El apartamiento infundado de esos criterios se considerará causal de mal desempeño.
Artículo 91: Establece la vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se formalice el acuerdo de traspaso de competencias entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), tras lo cual se dispondrá su progresiva disolución.
Rechazo categórico de los jueces y estado de alerta
El artículo 91 fue el que generó el rechazo más fuerte del sector judicial. La Asociación de Magistrados declaró: "Rechaza de manera categórica las pretendidas modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral (...) tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo".
El comunicado, firmado por el juez Andrés Fabián Basso, presidente de la asociación, fue contundente: "Resulta inadmisible la redacción de los arts. 90 y 91 y de todos aquellos allí propuestos que impliquen atentar contra la vida del fuero nacional citado". La agrupación concluyó instando al respeto de las instituciones y garantizando la independencia judicial, mientras mantienen un "estado de alerta permanente".
La "industria del juicio" y el traspaso a CABA
El objetivo central del Gobierno, según fuentes de la Casa Rosada, es acelerar la transferencia de estos juzgados, donde identificaron una serie de fallos polémicos que, según el Ejecutivo, complican la sustentabilidad económica de las pymes y fomentan una "industria del juicio". Como ejemplo, se mencionó el caso de un restorán al que le impusieron una indemnización de 250 millones de pesos por un mozo que se consideró despedido.
La Justicia de la Ciudad recibió con optimismo el artículo. Una fuente calificada de la administración de Jorge Macri afirmó que el artículo es "muy auspicioso" porque "no hace más que reflejar el compromiso de cumplir con la letra de la Constitución en torno a consolidar la autonomía porteña y terminar de transferir aquellas competencias aún pendientes".
De hecho, CABA ya ha avanzado en la conformación de un nuevo fuero laboral. La Ciudad puso en funcionamiento el fuero local en diciembre pasado, sancionó el Código de Procedimientos Laboral y tiene en marcha el concurso para seleccionar 10 jueces, dos camaristas y fiscales.
Sin embargo, en el oficialismo existe la preocupación de que el rechazo de la Asociación de Magistrados sea un anticipo de otro fallo de inconstitucionalidad que complique la aplicación de la reforma, tal como ocurrió con el capítulo laboral de la Ley Bases. El debate final y la viabilidad del proyecto quedan en manos del Congreso, donde La Libertad Avanza deberá negociar para conseguir los votos necesarios en el Senado y Diputados.
