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EL DIARIO digital
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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a los demás condenados en la causa "Vialidad", deberá afrontar el pago solidario de 684.990.350.139,86 pesos, en concepto de decomiso y como pena accesoria al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La decisión fue adoptada de manera unánime por la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes validaron tanto el monto como la metodología de actualización empleada. El fallo fue emitido en un extenso dictamen de 81 páginas, donde se ratificaron los montos establecidos por el Tribunal Oral Federal N°2, a cargo de Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
El Tribunal Oral había fijado originalmente el decomiso en 84.835.227.378,04 de pesos, cifra que, tras ser confirmada por Casación y ratificada por la Corte Suprema en junio pasado, fue actualizada aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta actualización llevó el monto a una cifra cercana a los 685.000 millones de pesos.
Los abogados de la exmandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, objetaron esta decisión en representación de Fernández de Kirchner, señalando que se vulneraron derechos de defensa. Además, cuestionaron el uso del IPC como índice de actualización, argumentando que existió un trato desigual respecto a otros casos similares. Los defensores calificaron la resolución como "arbitraria, infundada y contraria a su propia jurisprudencia".
En su argumentación, los letrados de Fernández de Kirchner sostuvieron que la Corte convirtió una estimación provisional en un cálculo definitivo que no puede ser impugnado por las partes, lo que, a su juicio, constituye una "severa lesión al derecho de defensa en juicio". Además, citaron doctrina de la Corte Suprema para afirmar que las sentencias que omiten pronunciarse sobre cuestiones propuestas o que lo hacen con afirmaciones genéricas sin fundamento deben ser descalificadas.
El fallo de Casación y la actualización del monto de la compensación económica a favor del Estado se producen en un contexto de alto perfil político, ya que el caso "Vialidad" involucra a varios exfuncionarios y empresarios vinculados al kirchnerismo, y ha sido objeto de debates y críticas tanto a nivel judicial como político.
