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EL DIARIO digital
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La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictaminó a favor de Argentina, permitiéndole apelar la condena por la expropiación de YPF sin la necesidad de entregar las acciones de la petrolera ni otros activos como garantía. Esta decisión era muy esperada y representa un respiro para el país en el litigio que mantiene con el fondo buitre Burford Capital.
Según Sebastián Maril de Latam Advisors, "Las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación". La noticia fue celebrada de inmediato por el Ministerio de Economía, que también destacó que el gobierno de EE. UU. fue aceptado como "amicus curiae" del país en esta causa.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó la decisión a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter): "El tribunal de apelaciones en el caso YPF ha decidido: aceptar la solicitud de Argentina, por lo que la orden del 30 de junio de 2025 queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones y que el Gobierno de Estados Unidos presente sus documentos como 'amigo de la corte'".
El juicio se remonta a la expropiación de YPF en 2012, una medida impulsada por la entonces presidenta Cristina Kirchner. Por esta causa, la jueza Loretta Preska condenó al Estado argentino hace dos años a pagar una cifra que, con intereses, ya supera los 18.000 millones de dólares, monto que beneficia principalmente a Burford Capital, una firma especializada en este tipo de litigios.
Argentina había solicitado un "stay" (freno) a la orden de la jueza Preska, que exigía entregar el 51% de las acciones de YPF en poder del Estado a Burford mientras se decidía la apelación de fondo. La decisión de la Corte de Apelaciones es una medida administrativa puntual que da tiempo a la defensa del país.
El 25 de septiembre está programada la presentación de los escritos argumentales para la apelación formal, y la semana del 27 de octubre se llevará a cabo la primera audiencia para tratar la apelación de fondo. La Cámara de Apelaciones se pronunciará sobre la validez del fallo de Preska, posiblemente a principios del próximo año.
Entre los argumentos de la defensa argentina se destaca que la entrega de las acciones violaría la inmunidad soberana del país y el principio de "comity" o cortesía internacional, un punto que también fue sostenido por Estados Unidos en su presentación como "amicus curiae". Además, se argumentó que las acciones están depositadas en Argentina y no en EE. UU., y que no tienen relación con la actividad comercial que sustenta el reclamo de Burford.
Los abogados del país, dirigidos por la Procuración del Tesoro de la Nación a cargo de Santiago Castro Videla, señalaron que los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de los activos. "La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de 'disipación' de los activos", sostuvieron los letrados.
En paralelo, Burford ha manifestado su interés en negociar con Argentina y ha presentado otros pedidos. Uno de ellos es la solicitud de "alter ego", una medida compleja que busca probar que el Estado e YPF son la misma entidad, lo que permitiría a Burford cobrar la deuda a través de otros activos del Estado, como las reservas de oro enviadas al exterior.
En este contexto, Burford solicitó al gobierno que entregara chats, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa. La jueza Preska falló a favor de esta solicitud, aunque el país aún tiene que entregarlos.