Máximo Kirchner: "Vi gente 'poroteando' candidaturas de manera salvaje"
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EL DIARIO digital
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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó la baja de más de 100.000 pensiones por discapacidad que habían sido otorgadas de manera irregular. La decisión no solo se enmarca en una política de ordenamiento del gasto público, sino que, según las estimaciones oficiales, genera un ahorro de 35.000 millones de pesos mensuales para el Estado.
La auditoría, llevada adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), detectó casos de beneficiarios sin el Certificado Único de Discapacidad (CUD), personas con ingresos incompatibles con el beneficio y pagos a individuos fallecidos. Esta situación, calificada por las autoridades como un fraude, ha motivado la suspensión inmediata de los beneficios.
El Gobierno defendió la medida, subrayando que los fondos recuperados se destinarán a fortalecer el sistema de ayudas sociales, garantizando que la asistencia llegue a quienes verdaderamente lo necesitan. Se ha aclarado que los beneficiarios que consideren que la suspensión es un error podrán iniciar un trámite de apelación. Mientras tanto, la auditoría continuará su curso, revisando el resto de las pensiones no contributivas en todo el país con el objetivo de asegurar la transparencia y equidad del sistema.
