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EL DIARIO digital
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En medio del juicio por la expropiación de YPF, la justicia estadounidense busca datos sobre las reservas de oro del Banco Central, que podrían ser consideradas activos embargables si Argentina no cumple con la sentencia millonaria.
La causa por la expropiación de YPF, que enfrenta a Argentina contra los fondos demandantes -como Burford Capital y Eton Park Capital- dio un nuevo paso: la jueza federal Loretta Preska ordenó incluir información sobre el oro perteneciente al Banco Central en el discovery judicial, parte del proceso legal previo al embargo de activos.
La magistrada definió que, para avanzar con la ejecución de la sentencia -que obliga al país a pagar más de 16.000 millones de dólares- es necesario determinar si el Banco Central opera como un "alter ego" del Estado y si sus activos externos, como reservas de oro, pueden ser embargados.
Este pedido se suma a acciones anteriores vinculadas a las acciones de YPF, que en junio fueron incluidas en la orden de entrega como forma de pago. Ahora, el acceso a información sobre la localización y uso del oro busca ampliar el espectro de posibles activos disponibles para ejecutar la indemnización.
El Gobierno argentino se opone a entregar esta documentación, alegando que las reservas del Banco Central no tienen carácter público y están protegidas por normas de inmunidad soberana. Al mismo tiempo, impugna la jurisprudencia que incluye al Central como extensión legal del Estado.
Desde Burford Capital aseguran que, si el país no cumple con la sentencia, podrían avanzar con embargos sobre activos en el extranjero. Argumentan que el oro en custodia internacional sería válido dentro del patrimonio estatal susceptible de cobro.
La Argentina apeló el fallo original y solicitó suspender cualquier transferencia parcial mientras se resuelve la apelación ante instancias superiores. De igual forma, presentó un amicus curiae con apoyo del gobierno de Estados Unidos, solicitando que se mantenga suspendida la ejecución hasta que se evalúe en una corte de apelaciones.
El desarrollo del caso tendrá impacto no solo en la suerte de YPF: ante la eventual ejecución del fallo, el interrogante sobre los activos del Banco Central implica un nuevo eje de tensión legal y diplomática.
