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Proponen inhabilitar por cuatro años a candidatos que ganen una elección y no asuman

Un proyecto de ley busca sancionar las llamadas candidaturas testimoniales con una inhabilitación por cuatro años. Apunta a evitar maniobras electorales que defrauden a los votantes y afecten la confianza en la política.

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EL DIARIO digital

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Dos senadores nacionales de la UCR, los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, presentaron un proyecto para incorporar al Código Nacional Electoral una sanción específica contra las candidaturas testimoniales. La iniciativa propone inhabilitar por cuatro años a quienes ganen una elección y no asuman el cargo para el que fueron electos.

El texto busca establecer como artículo 139 bis de la Ley 19.945 la figura de "defraudación a los electores". En concreto, plantea que los candidatos o candidatas que resulten electos y no ocupen efectivamente el cargo serán sancionados con una prohibición para postularse durante los siguientes cuatro años.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que las candidaturas testimoniales son una maniobra que "quiebra la confianza política" y representan una estafa al electorado. Señalan que se trata de prácticas que desalientan la participación ciudadana y vacían de contenido el acto electoral.

"¿Qué interés pueden tener los votantes en elegir personas que no van a asumir?", se preguntan los legisladores en los fundamentos del proyecto, al tiempo que advierten sobre el deterioro progresivo de la legitimidad del sistema democrático cuando se naturalizan este tipo de estrategias.

Además, remarcan que no se trata solo de una responsabilidad individual, sino también de los partidos políticos, que deben comprometerse con la selección de candidatos genuinos y representativos. El proyecto, aseguran, apunta a fortalecer la calidad institucional y recuperar la credibilidad en la política.

La propuesta se enmarca en una serie de planteos recientes sobre la necesidad de revisar las reglas del juego electoral y sancionar conductas que distorsionan la voluntad popular. De avanzar en el Congreso, abriría un nuevo capítulo en la regulación de las prácticas partidarias.

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