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EL DIARIO digital
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La embestida del gobierno de Javier Milei contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) encontró un freno judicial, al menos temporalmente. Una resolución de la jueza federal Martina Forns ordenó al Poder Ejecutivo que se abstenga, durante seis meses, de llevar a cabo cualquier acto administrativo derivado del decreto 461/2025, que dispuso la eliminación de la DNV y otros organismos vinculados a la seguridad en el transporte. Este fallo representa un importante revés para la administración libertaria, que había desoído los reclamos de gremios y cámaras empresarias por el "abandono decidido" del mantenimiento de las rutas nacionales.
La decisión judicial llega tras un contundente amparo presentado por los trabajadores de Vialidad, quienes denunciaron la paralización de todas las obras de mantenimiento y la intención de desmantelar un organismo clave para la conectividad y la economía del país. "Ganamos tiempo, pero es preciso seguir peleándola contra un gobierno sordo, autoritario que no escucha a nadie", afirmó Graciela Aleñá, titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), celebrando el fallo.
El silencio oficial
La noticia del revés judicial fue recibida en Casa Rosada con un intento de contención de daños. El vocero presidencial, Manuel Adorni, optó por un escueto comunicado a través de su cuenta de X, lejos de las habituales conferencias de prensa. "El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional", fue la única frase, sin más explicaciones.
Sin embargo, la resolución de la jueza Forns va más allá de la simple suspensión del cierre de la DNV. El fallo advierte al Poder Ejecutivo que no podrá disponer de "reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad". La jueza justifica su medida cautelar en la necesidad de "evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo", remarcando que la Constitución Nacional y los convenios de la OIT "impiden al Estado alterar de manera unilateral condiciones de trabajo establecidas por norma colectiva".
La lucha gremial
La intención del gobierno es concentrar las funciones de Vialidad Nacional en la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía, mientras que el control de concesiones pasaría a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Este plan, según Emiliana McNamara, titular del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) Casa Central, "ya fracasó" en los años noventa con las privatizaciones del menemismo, dejando sin cobertura a zonas alejadas de los centros turísticos y económicos. "Donde el privado no pueda poner un peaje que le genere ganancia, no va a mantenerlas", advirtió McNamara.
El gremio de Vialidad, que logró este amparo gracias a una presentación previa a la publicación del decreto, argumenta que la Ley Bases no alcanza al organismo por ser un ente autárquico y que su disolución requeriría una ley específica.
La situación actual de la red vial nacional es alarmante, con un "60 o 70 por ciento" de las rutas en estado "regular a malo", lo que genera cada vez más emergencias y accidentes. Aleñá enfatizó que el abandono de las rutas afecta directamente a las economías regionales y al desarrollo de las poblaciones. "No hay antecedentes mundiales de que un gobierno elimine un organismo estratégico estatal vial. Esto es de un nivel, como venimos diciendo, demencial y cruel de esta gestión, y hoy se le puso un límite", sentenció la dirigente.
La "lucha continúa", según Aleñá, quien anunció que trabajarán con los diferentes bloques del Senado y Diputados para lograr el rechazo definitivo del decreto 461/21. Además, buscarán presionar a los gobernadores para que respalden esta medida, conscientes de que la infraestructura vial es el eje rector de cualquier economía, al trasladarse más del 90% de la producción por el modo carretero. El fallo judicial es un respiro, pero la batalla por el futuro de Vialidad Nacional y el mantenimiento de las rutas argentinas está lejos de terminar.
