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EL DIARIO digital
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El Gobierno nacional ha anunciado su intención de apelar el fallo judicial que suspendió por seis meses el decreto presidencial que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La decisión judicial fue tomada tras la presentación de una medida cautelar por parte del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que argumentó que la Ley Bases no otorgaba facultades al Ejecutivo para eliminar un ente autárquico como la DNV.
La jueza federal Martina Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, consideró que el decreto 461/2025 podría generar "traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales" en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol. Además, advirtió que el artículo 33 del decreto, al establecer que todo movimiento de personal debía contar con la aprobación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, vulneraba el principio de estabilidad y los derechos laborales de los trabajadores estatales.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó a través de su cuenta de X que el Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional. En su momento, Adorni había anunciado el cierre "definitivo" de la DNV, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial, y la Agencia de Seguridad Vial, organismos que fueron definidos como el eje de "la corrupción en la obra pública". Las funciones de la DNV serían asumidas por la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía, mientras que el control de concesiones pasaría a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La medida judicial ha generado un debate sobre la autonomía de los entes autárquicos y la legalidad de los decretos presidenciales que disponen su disolución. El Gobierno sostiene que la disolución de la DNV generaría un ahorro anual estimado para el Estado Nacional de 100 millones de dólares, optimizando el mantenimiento de las rutas con una mayor participación del sector privado.
La apelación del Gobierno será presentada ante la Cámara Federal de San Martín, una vez finalizada la feria judicial que se extenderá hasta el 1 de agosto. Mientras tanto, la suspensión del decreto se mantiene vigente, y las funciones de la DNV continúan bajo su estructura actual.
