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EL DIARIO digital
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El director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, reconoció recientemente que el organismo "aún es ineficaz" y que requiere reformas estructurales para cumplir con su objetivo de recaudar sin asfixiar a los contribuyentes. En ese sentido, solicitó al Congreso una ley que eleve los umbrales de información, simplifique procedimientos y proteja a los ciudadanos con una "presunción de inocencia fiscal".
Pazo explicó que el sistema actual está atiborrado de causas por evasión administrativa menores a montos simbólicos, lo que genera trámites innecesarios y un desgaste inmenso para el organismo. El nuevo proyecto de ley elevaría esos montos, filtrando solo los casos de evasión real, y evitaría la persecución penal automática por pequeñas inconsistencias.
El objetivo es que ARCA deje de funcionar como "una calculadora de sospechas" y se convierta en un organismo efectivo que "simplifique la vida de las personas". La iniciativa también incluiría mecanismos para incorporar activos declarados en el exterior, sin que esto derive en sanciones ni en procesos judiciales.
El funcionario aseguró que esta transformación permitiría estabilizar la recaudación sin aumentar la presión impositiva, ya que apunta a reducir la persecución fiscal y eliminar trámites excesivos. Según comentó, el propósito es generar confianza y atraer a quienes hoy se resisten al sistema por temor a sanciones excesivas.
Pazo también defendió el carácter permanente del régimen, que no caduca y otorgaría un blindaje legal a quienes se adhieran. Citó como ejemplo normativas similares de Uruguay y Chile, consideradas más eficientes y menos invasivas.
En síntesis, el mensaje de Juan Pazo es claro: para que ARCA cumpla su misión de forma justa y operativa, necesita una reforma legal que modernice el sistema tributario, reduzca la sobrecarga de causas menores y garantice a los contribuyentes una protección real frente al Estado.