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EL DIARIO digital
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El Gobierno nacional prepara un nuevo paquete de recortes y reorganización de estructuras estatales, que será implementado en las próximas semanas, antes de que venza el plazo de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso. El límite está fijado para el 30 de septiembre, por lo que en los despachos oficiales se trabaja contra reloj para concretar las reformas sin requerir aval legislativo.
La medida forma parte de una segunda etapa del plan de ajuste fiscal y apunta a reforzar el compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas. Según fuentes oficiales, el esquema contempla recortes presupuestarios, fusión de organismos, reducción de personal jerárquico y revisión de partidas operativas. Aunque no se detallaron aún las dependencias que serán alcanzadas, se trata de áreas consideradas "prescindibles" o con baja ejecución presupuestaria.
Una reestructuración silenciosa pero activa
El proceso ya comenzó en distintas carteras ministeriales, donde se instruyó a los equipos técnicos para identificar estructuras duplicadas, revisar programas con bajo nivel de impacto y repensar la distribución de funciones. La prioridad, según trascendió, es evitar que las reformas sean bloqueadas políticamente una vez vencidas las facultades excepcionales.
Dentro del paquete de medidas también se incluye una evaluación del personal de confianza, especialmente en cargos directivos y contrataciones especiales. El objetivo es reducir los gastos asociados a sueldos y cargas sociales sin afectar áreas estratégicas.
En paralelo, se reforzarán los mecanismos de control del gasto, con nuevas pautas para compras, contrataciones y transferencias, bajo la supervisión de la Secretaría de Transformación del Estado. La consigna en todos los ministerios es clara: achicar estructuras y optimizar recursos, sin comprometer funciones esenciales.
Señal para el mercado y para adentro
Con esta reestructuración, el Gobierno busca enviar una doble señal: hacia adentro, consolidar la línea de gestión que impulsa una reducción del Estado y mantener alineado al gabinete; hacia afuera, demostrar al mercado y a los organismos internacionales que el plan de ajuste sigue en curso.
En ese sentido, se trata de una jugada estratégica: implementar los cambios antes del vencimiento de las facultades delegadas le permite al Ejecutivo evitar obstáculos legislativos y avanzar con decisiones que, en otro contexto, podrían enfrentar mayor resistencia parlamentaria.
Si bien el detalle de los organismos alcanzados se mantiene bajo reserva, no se descartan fusiones, absorciones o incluso cierres de entes descentralizados, especialmente aquellos sin actividad crítica o que hayan sido objeto de observaciones por baja ejecución presupuestaria.
Una segunda fase del ajuste
El presidente Milei y su equipo económico buscan consolidar esta fase del ajuste con un horizonte fiscal más sólido, sin apelar a medidas espectaculares, pero sí con cambios estructurales que apunten a un Estado más compacto. La experiencia previa de reducción de ministerios y congelamiento de ingresos ya dejó un antecedente que ahora se extiende a organismos, direcciones y entes públicos.
El calendario aprieta y el margen político también. Por eso, en los próximos dos meses, el Gobierno intentará avanzar con este rediseño administrativo que, en los hechos, representa una nueva etapa de la "motosierra", pero con otra intensidad y foco más técnico.
