Educación, asunto colectivo

La educación es posiblemente el ámbito que involucra a la comunidad de manera más extendida: se trata de una dimensión en la que intervienen prácticamente todas las personas, hay un cruce generacional, de clases sociales y de diversidades de representación.

Por eso mismo las decisiones que se tomen respecto de su funcionamiento necesitan de consensos y consultas con quienes inciden de manera directa en su desarrollo.

La importancia de toda decisión en esa jurisdicción implica que -como en cualquier otro ámbito y tema, pero más especialmente todavía- tengan que evitarse las resoluciones unilaterales e inconsultas, y ni qué hablar los caprichos o disposiciones apresuradas.

La situación que atraviesan las escuelas hogares en la actualidad (docentes, trabajadores y trabajadoras interpretan que están en serio riesgo de desaparecer) es consecuencia de una normativa que el Ministerio de Educación pampeano aplicó a contramano de la postura de las personas más involucradas, las que cotidianamente le ponen el hombro al funcionamiento de esos establecimientos.

Quizá la resolución haya tenido buenas intenciones, como adecuarse a la Ley de Niñez, según el argumento oficial. Pero eso no implica que las consecuencias sean negativas, o en todo caso pasibles de ser sometidas a un debate y una discusión.

Sean cuales sean los posicionamientos, no parece lógico que -atendiendo desde ya también a otras variables y necesidades- quienes toman las decisiones se priven de escuchar a quienes más conocen sobre el asunto, que son docentes, trabajadores y trabajadoras del sistema.

La referencia a la inexistencia de personerías jurídicas y otras burocracias suena a excusa, porque si hay voluntad política de atender opiniones y planteos, eso puede hacerse más allá de documentaciones y papeleos.

Situación similar se vivió en las últimas horas con un anuncio nacional repentino y sorprendente: sin consultas previas ni explicaciones lógicas se anticipó que ya desde el mes que viene se prevé agregar una hora más de clases por día en las escuelas primarias.

Si bien la medida se adelantó como asunto de conversación en el Consejo Federal de Educación, se mediatizó incluso con referencias presupuestarias, como si ya fuera una decisión tomada y pese a que ni sindicatos ni gobiernos provinciales fueron tenidos en cuenta para semejante resolución.

Entre otras cosas, la "propuesta" de Educación nacional -como tantas veces ocurre- asoma como de un notable centralismo, que toma en cuenta no mucho más que las realidades de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y sin detenerse -por ejemplo- en cuestiones geográficas o climáticas que afectan al resto del país.

La referencia vale para cualquier política pública, pero escrito está: el ámbito educativo es justamente el que requiere, más que ningún otro, de la noción de que se trata de un asunto colectivo, en el que son inevitables las consultas a quienes actúan en el territorio y de manera concreta.