Política de viviendas y obras en la impunidad

Una de cal…

El gobierno anunció la construcción de mil viviendas en La Pampa, con fondos del propio Estado provincial, en lo que constituye un primer plan de ese tipo, surgido además después de la depresión económica que impuso el macrismo –especialmente en ese sector- y que se incentivó con la pandemia y la cuarentena.

Aunque la buena noticia quedó opacada con las novedades posteriores respecto de los casos de coronavirus, se trata de una propuesta más que interesante, también porque constituye una primera experiencia seria y de dimensiones respecto de una obra pública que parecía estar exclusivamente en manos de los gobiernos nacionales.

Así como el macrismo tuvo en ese sentido una conducta política deplorable y una visión estratégica e ideológica que incentivó el desempleo y la pobreza, La Pampa había descansado históricamente en la idea -equivocada- de que la construcción de viviendas sociales no era un asunto que fuera de su responsabilidad.

Forzada por las circunstancias, la Provincia encara entonces un plan masivo que la sacará de la mera administración de los recursos para adoptar decisiones y, dentro de las posibilidades a su alcance, definir otras cuestiones vinculadas con el crecimiento estratégico de las localidades, la distribución de los recursos, las empresas responsables de la tarea y hasta las formas estéticas, funcionales y arquitectónicas.

Este plan, de alcance acotado pero interesante, será el primero de una política que sería deseable se vuelva sistemática, y que permitirá efecto positivo en al menos dos frentes.

Por un lado, y de tan repetido ya suena obvio mencionarlo, pero la reactivación de la obra pública actúa como motorizadora de la economía local y permite posiblemente más que ninguna otra actividad la creación de mano de obra en un contexto particularmente dificultoso y complejo para los sectores menos favorecidos.

Por otro lado, y aunque la mención también resulte obvia, se ataca una de las principales problemáticas que atacan a la población pampeana: el déficit habitacional es sin dudas uno de los inconvenientes más graves y reiterados en la provincia, tanto en las pequeñas localidades como en las ciudades que tienen una mayor cantidad de habitantes.

La causa de esa situación ya fue expuesta en este espacio en varias ocasiones, e incluso párrafos arriba: los últimos años de desidia del macrismo fueron claramente motivo principal, pero también la pasividad que durante décadas tuvo en esas lides el gobierno pampeano.

Quizá por eso mismo se puso esta vez más atención en cuáles deben ser los modos y montos del recupero de la inversión, para que se arme un círculo virtuoso que permita que la familia que acceda a una vivienda contribuya poco a poco y en la medida de sus posibilidades a que otra familia en el futuro pueda tener una solución habitacional similar.

Esa apuesta significará también abandonar una cultura muy arraigada en algunos sectores, según la cual una vivienda social pasa a interpretarse casi como una dádiva, en lugar de ser considerada como un derecho que también reporta obligaciones.

…y una de arena…

Ahora que se viene ese masivo plan de viviendas provinciales, no viene mal recordar que la obra pública tiene también otro costado lamentable y que necesita de la verificación estatal y de controles lo más efectivos y transparentes posibles: por episodios de corrupción o de simple desidia, no es poco habitual que pasado el tiempo surjan inconvenientes que inutilizan los recursos que la sociedad invirtió en infraestructura.

Durante la semana que se fue, vecinos y vecinas del barrio Butaló plantearon con azoramiento su situación a concejales de todas las fuerzas, aunque finalmente solo opositores porque el oficialismo no concurrió al encuentro: residentes en esa zona de la ciudad no conciben cómo puede ser que la desastrosa situación de las cloacas haya derivado en otro caso de potente impunidad.

El Poder Judicial determinó que las autoridades municipales de la época, en teoría responsables de esa obra pública que resultó una estafa, nada tenían que explicar respecto de su accionar, pese a que la negligencia o la complicidad arruinaron la calidad de vida de quienes viven en el lugar y dilapidaron los recursos de la comunidad.

Tampoco la empresa, para el Poder Judicial, tiene que dar alguna explicación o merece algún reproche penal.

Lejos está de ser la primera ocasión en que una obra pública defectuosa hasta el escándalo es naturalizada por el Poder Judicial, que de ese modo abre las puertas a que este tipo de episodios se reiteren y a que las autoridades y empresas que intervinieron, en lugar de ser blanco de la mirada social que corresponde a quienes estafan, aparezcan como la encarnación de la viveza criolla.

Los ejemplos más contundentes de los últimos años, porque además provocan un cotidiano daño social, son posiblemente el acueducto del río Colorado y el Megaestadio que quedó a medio construir en Santa Rosa.

Se trata de dos obras de diferentes mangnitudes y costos, pero que quedarán del mismo modo en el imaginario popular como paradigmas de lo mal hecho, a partir de inconcebibles relaciones entre funcionarios y empresarios y de la inevitable sombra de la corrupción.

Esa situación, sin embargo, nunca fue develada en su totalidad porque el Poder Judicial también eligió ese camino de mirar para otro lado, meter el asunto bajo la alfombra, poner algunos parches o hacer que el hilo se corte por lo más delgado buscando algún chivo expiatorio de monta menor.

En cualquier actividad humana pueden aparecer sujetos tramposos que sacan provecho para ellos mismos, pero estos son casos que revelan no algún proceder individual sino todo un sistema, puesto que involucran a actores de poder concreto que no cumplen su teórica responsabilidad: no son meros sinvergüenzas haciendo de las suyas los que actúan, sino que son directamente los poderes Ejecutivo y Judicial y la corporación de las empresas de obra pública quienes se están burlando de la ciudadanía.