El Parlamento Europeo frena el acuerdo Mercosur–Unión Europea y lo envía a la Justicia
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EL DIARIO digital
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La inestabilidad política de Perú sumó un nuevo episodio que volvió a poner en jaque al Ejecutivo. El presidente interino José Jerí quedó envuelto en un escándalo luego de la difusión de dos videos que lo muestran manteniendo encuentros reservados con un empresario chino de peso en el sector de la construcción y proveedor del Estado. La situación derivó en pedidos de renuncia y en la apertura de diligencias preliminares por parte de la Fiscalía General.
Jerí asumió hace tres meses, tras la destitución de Dina Boluarte, con el objetivo de encabezar una transición institucional hasta las elecciones previstas para abril. Sin embargo, la filtración del material audiovisual debilitó aún más su posición política en un escenario marcado por la fragmentación del Congreso y una prolongada crisis de gobernabilidad.
Las grabaciones muestran al mandatario reunido con Zhihua "Johnny" Yang, empresario que controla al menos once firmas en Perú. En uno de los videos, Jerí ingresa a un restaurante de comida china con el rostro cubierto por una capucha. En el segundo, aparece dentro de un bazar perteneciente a Yang, esta vez con lentes oscuros, pese a que el comercio había sido clausurado por falta de habilitación y reabierto posteriormente tras una norma gubernamental.
Desde el entorno presidencial se intentó justificar los encuentros. Jerí sostuvo que la reunión en el restaurante tuvo como fin organizar actividades vinculadas a la relación bilateral con China y que la visita al bazar respondió a una compra personal. También ofreció disculpas públicas por haber ingresado encapuchado, al admitir que ese gesto generó sospechas, y atribuyó la difusión de los videos a una maniobra de desestabilización política en pleno proceso electoral.
No obstante, las explicaciones no lograron disipar las dudas. Según trascendió, las reuniones coincidieron con el debate de proyectos legislativos vinculados a beneficios impositivos para cámaras de vigilancia, un sector de interés directo para el empresario. Especialistas en ciencia política advirtieron que el caso podría encuadrar en posibles delitos de tráfico de influencias.
La situación se agravó por la debilidad parlamentaria del presidente interino, que cuenta con un respaldo legislativo limitado. Incluso referentes de su propio espacio político cuestionaron su conducta de manera pública. En un país que tuvo siete presidentes desde 2016, el episodio vuelve a exponer la fragilidad institucional de un gobierno que debía garantizar una transición ordenada y hoy enfrenta un futuro incierto.
