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El constitucionalista pampeano integra el consejo consultivo que sugirió reformas en el sistema judicial. La oposición bloquea el proyecto en el Congreso, bajo el argumento de que es una idea "kirchnerista".
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EL DIARIO digital
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El constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez hizo una fundamentada defensa de la idea de crear un tribunal de sentencias arbitrarias, que se ocuparía de causas con ese perfil y que aliviaría de alguna manera la tarea de la Corte Suprema de Justicia.
El abogado de nuestra provincia integra el consejo consultivo que se conformó para sistematizar una serie de recomendaciones que permitan una reforma del sistema judicial.
El "tribunal de arbitrariedades" tiene por ahora un freno en el Congreso: la alianza opositora rechaza la propuesta, con el argumento de que es una idea "kirchnerista" y pese a que fue sugerida con argumentaciones numerosas, por personalidades de alto perfil técnico y en base a antecedentes ya trabajados.
"La creación de un tribunal de sentencias arbitrarias para alivianar el funcionamiento de la Corte y dar respuestas al justiciable es una idea que fue trabajada por Bidart Campos, Morello, Belluscio y Vanossi. Este último presentó dos proyectos como diputado en distintos periodos", recordó Gil Domínguez para reivindicar la propuesta.
"También lo reafirmó cuando expuso ante el Consejo Consultivo en representación de la Academia. Con lo cual es una idea que se viene trabajando hace años en la doctrina argentina. Se puede estar de acuerdo o no, pero plantear su inconstitucionalidad no tiene ningún fundamento", aseveró.
La posición de resistencia opositora coincide con el mismo posicionamiento de los medios dominantes, que sirven de usina crítica a la posibilidad de avanzar en ese sentido. Gil Domínguez lamentó la difusión de artículos de "autores que opinan sin haber leído el Informe del Consejo Consultivo y terminan diciendo cualquier cosa sin fundamento".
El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por el Decreto 635/2020 del Presidente de la Nación y destinado al asesoramiento en reforma de la Justicia Federal, elaboró su trabajo final que se conoció en forma íntegra. Está publicado acá: http://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2176/El-informe-completo-del-Consejo-Consultivo-para-la-reforma-de-la-Justicia-Federal
La comisión de expertos estuvo integrada por el magistrado Omar Palermo (Mendoza) y las magistradas Hilda Kogan (Buenos Aires), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego), Claudia Sbdar (Tucumán), Inés Weinberg de Roca (CABA) -candidata por Mauricio Macri a la Procuración y especialista en Derecho Internacional-, los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra, el abogado penalista Carlos Beraldi, el abogado y ex juez Carlos Arslanián -magistrado del Juicio a las Juntas-, la especialista en Derecho de las Familias Marisa Herrera, y el catedrático y especialista en Derecho Penal, Enrique Bacigalupo.
El grupo de juristas trabajó "en forma cordial e incesante", según explicaron, con carácter ad honorem, durante los noventa días de plazo que le dio el Presidente y cumplió con la tarea encomendada.
El tribunal de arbitrariedades
Las consejeras Herrera y Sbdar y los consejeros Arslanian, Beraldi, Gil Domínguez y Palermo recomendaron la creación de un tribunal intermedio. Hubo distintas visiones en torno a cómo debería ser dicho tribunal.
Gil Domínguez y Herrera plantearon un “Tribunal de Sentencias Arbitrarias”, dividido en salas por especialidad, que entienda como alzada de las Cámaras Federales, Casación y los Superiores Tribunales de las Provincias. Palermo propuso un “Supremo Tribunal Federal” para tratamiento de sentencias arbitrarias y casación penal y no penal en la justicia federal. Arsalanian, por su lado, establecer un tribunal federal de casación no penal, dividido en salas por especialidad.
A su vez, Sbdar consideró que es conveniente la creación de un tribunal de casación intermedio, como instancia de unificación de la jurisprudencia respecto del derecho federal y también del derecho común que deban aplicar los jueces federales y, por último, Beraldi postuló un tribunal que sería competente en los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias definitivas o equiparables a tales dictadas por las Cámaras Federales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en lo Contencioso Administrativo Federal y de la Seguridad Social, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en el interior del país.
En contra de la propuesta de un tribunal intermedio se pronunciaron las consejeras Battaini, Kogan y Weinberg. Fundaron su posición en que crear una instancias entre los Superiores Tribunales de las Provincias y la Corte Nacional es inconstitucional.
