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Es por haber violado la cuarentena durante el Día del Amigo. Tal como adelantó El Diario, esa fue la última propuesta que aceptaron tanto la querella (el Estado) como el fiscal Marcelo Amado. El abogado defensor, Mario Aguerrido, había calificado esa noticia como "falsa".
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EL DIARIO digital
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Finalmente, después de varias idas y vueltas, los jueces Pablo Balaguer y Miguel Vagge y el fiscal general Guillermo Sancho -que participaron de la polémica cena del Día del Amigo en plena cuarentena- pusieron un 1,2 millones de pesos entre los tres y arreglaron para cerrar la causa judicial que los tenía en aprietos. Además, admitieron el hecho y pidieron disculpas.
La resolución fue firmada este miércoles, en la previa de Navidad, por el juez Carlos Ordás como subrogante de la jueza Florencia Maza.
Tal como adelantó El Diario la semana pasada, esa fue la última propuesta que aceptaron tanto la querella (el Estado) como el fiscal Marcelo Amado.
Sin embargo, en aquella oportunidad, el abogado defensor de los funcionarios judiciales -Mario Aguerrido- calificó la noticia como "falsa".
Incluso, algunos medios intentaron sumarse a esa pretendida desmentida. Este miércoles, cuando un periodista de este diario volvió a consultarlo por el tema, insistió con lo mismo: "es falso", repitió.
Lo cierto es que Balaguer, Vagge y Sancho pusieron ahora 400 mil pesos cada uno. Bastante lejos de la irrisoria propuesta de 20 mil pesos cada uno, y de otra de 70 mil pesos ofrecida con posterioridad.
La Justicia aplicó lo que se denomina como "criterio de oportunidad". El dinero que desembolsarán los funcionarios judiciales irá a un fondo para asistir a los enfermos con coronavirus.
El empresario achense Carlos Ruiz, el exfuncionario de Salud, Pedro Arcuri, y al abogado Marcelo Molín -que también estuvieron en la cena- tenían decidido presentar un recurso buscando la nulidad de la causa. Aunque también habrían sido sobreseídos con el argumento de que "ya no existe gravedad institucional".
Resarcimiento
El pasado 19 de diciembre, este diario publicó que los jueces Balaguer y Vagge y el fiscal Sancho habían ofrecido abonar un resarcimiento de un millón de pesos, entre los tres, para que se cierre la causa en las que se les imputaba haber violado la cuarentena, cuando compartieron una cena en un domicilio particular, fuera del horario permitido el pasado Día del Amigo.
Durante estos últimos días, los fiscales Andrés Torino y Marcelo Amado aguardan la respuesta del gobierno provincial -querellante en la causa- para tomar una decisión final.
Según trascendió, si no había aceptación los imputados amenazaron con presentar un nuevo pedido de nulidad de la causa. El primer pedido les fue rechazado porque lo hicieron demasiado apurados, ni siquiera habían sido indagados.
Básicamente, los megistrados sostenían que la causa era nula porque el empresario achense, Carlos Ruiz, se autoincriminó cuando contó de la cena a los agentes de Salud que lo atendieron cuando dio positivo de coronavirus.
El mismo Ruiz y al abogado Marcelo Molín -ambos estuvieron en la cena- también tenían decidido presentar el mismo recurso buscando la nulidad de la causa. Pero eso no ocurrirá: también ofrecerán una suma de dinero para ser sobreseídos.
Hace casi un mes atrás el fiscal Amado, a cargo de la investigación junto a Torino, formalizó la imputación en una audiencia virtual, durante la cual se notificó a los involucrados que se los investiga por haber infringido el artículo 205 del Código Penal.
Ahora, admitieron el hecho, pidieron disculpas y pusieron 1,2 millones de pesos: todo quedó en la nada.
El origen del caso
El empresario achense Carlos Ruiz Pérez resultó positivo de coronavirus. Con los datos que brindó en el seguimiento epidemiológico de su caso, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, presentó una denuncia penal ante la sospecha de que los participantes a un encuentro social podrían haber violado la cuarentena. La decisión de Salud fue aislar a los participantes del encuentro (Pablo Balaguer, Guillermo Sancho, Miguel Vagge, Pedro Arcuri y Marcelo Molín) en forma preventiva, aunque luego se comprobó que no resultaron contagiados.
El juez Vagge y Ruiz fueron los únicos que dieron una versión pública del hecho, cuando admitieron que se juntaron a compartir “una picada” y estimaron que se fueron de la casa de Balaguer poco después de las 20, máximo 20:30. El Gobierno Provincial echó a un funcionario que estuvo presente en el encuentro -Pedro Arcuri- y se presentó como querellante en la causa. Los funcionarios judiciales solo pueden ser removidos de sus cargos a través de un jury de enjuiciamiento.
El fiscal Andrés Torino quedó a cargo de la investigación después de que el primer fiscal de la causa, Maximiliano Paulucci, se apartara por la relación de amistad que mantiene con su colega Sancho.
Los jueces Miguel Vagge y Pablo Balaguer, el fiscal general Guillermo Sancho, el empresario Carlos Ruiz y el abogado Marcelo Molín ya habían hecho una oferta de reparación a través del pago de una multa (20.000 pesos). Pero la Fiscalía les respondió que era prematuro resolver esa oferta.
Desde el inicio de la investigación, la defensa de los funcionarios judiciales intentó hacer caer la causa hasta que el Superior Tribunal de Justicia le puso un freno a los recursos.
Aguerrido planteó la nulidad de la causa por entender que la investigación se inició a partir de que el empresario de General Acha Carlos Ruiz Pérez se autoincriminó, después de dar positivo de COVID-19, al contarle a un médico con quiénes había participado en ese encuentro social.
En la causa, el Estado provincial se presentó como querellante, manifestando así un especial interés para que se tome una medida ejemplificadora para que la población respete las medidas preventivas tomadas en el marco de la pandemia de coronavirus. “Se tiene, sobre todo, en cuenta la gravedad institucional que tienen los casos”, justificó la fiscala de Estado Romina Schmidt.
