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EL DIARIO digital
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El cabo primero Franco Juan Carlos Gauna Coronel, integrante del cuerpo de motoristas de la Policía de La Pampa y adscripto a la Seccional Primera, quedó formalmente imputado este miércoles en el marco de la causa penal que investiga la salvaje represión perpetrada a la salida de un boliche céntrico frente a la Catedral de Santa Rosa.
La audiencia de formalización se desarrolló a las 12:00 horas en la Ciudad Judicial de Santa Rosa bajo la coordinación de la Oficina Judicial y con la actuación del fiscal Máximo Paulucci. Durante la acusación, la fiscalía encuadró provisoriamente la conducta del uniformado bajo las figuras de lesiones leves agravadas por su condición de funcionario público y abuso de autoridad.
El peso de los videos
En su declaración previa, el efectivo intentó justificar su accionar sosteniendo que reaccionó ante una supuesta agresión o provocación previa. Sin embargo, la reconstrucción del caso basada en el material analizado por la fiscalía desbarató esa versión.
Los registros de las cámaras del Centro de Monitoreo (CECOM) y los videos grabados por testigos confirman la reconstrucción vertida por la víctima, Priscila Mora Grandon: la joven intervino sujetando el casco del uniformado únicamente para solicitarle que retirara la rodilla con la que aplastaba la cabeza de su hermano. La respuesta de Gauna Coronel fue una secuencia de empujones y al menos tres patadas directas con borcego militar cuando la joven ya se encontraba reducida, esposada y boca abajo sobre el pavimento.
Investigación a la Tercera
El cuadro probatorio continuará consolidándose en las próximas horas tras el sometimiento de los hermanos a los correspondientes exámenes médicos forenses para certificar las lesiones, que incluyen hematomas múltiples, dolores lumbares e incapacidad temporal para desplazarse con normalidad.
En paralelo a la imputación a Gauna Coronel, el Ministerio Público Fiscal mantiene abierta la investigación sobre la nómina de personal que prestó funciones durante la guardia del domingo en la Seccional Tercera. Allí se evalúan responsabilidades penales por las presuntas vejaciones e incomunicación arbitraria denunciadas por Mora Grandon, quien afirmó haber sido obligada a desnudarse y desatendida médicamente mientras permanecía alojada en los calabozos.
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