Intento de femicidio: desidia institucional y una Justicia obligada a corregir sus tropiezos

Por Walter Goñi (*)

Hay silencios que gritan complicidad y gacetillas oficiales que parecen redactadas para anestesiar la realidad. El salvaje intento de femicidio sufrido por Dana Gómez en el barrio Santa María de La Pampa en Santa Rosa no fue una tragedia evitable únicamente por el azar de los milagros, sino la cruda radiografía de un Estado que llega tarde, mal y a las apuradas en materia de violencia de género.

El raid de desprotección comenzó desde el primer minuto, cuando la Seccional Segunda contó el caso de manera parcializada y mezquina, mientras la Unidad Funcional de Género se llamó a silencio poniendo como escudo el protocolo. Tuvo que ser una durísima entrevista de El Diario con la víctima la que pusiera blanco sobre negro y expusiera el escándalo judicial: el agresor, Juan Carlos Acosta, había sido beneficiado con una prisión preventiva de apenas sesenta días frente a un historial criminal que exigía su encierro hasta el debate oral. "Deseo que quede preso hasta el juicio, porque si sale me mata", reclamó presa de terror la victima del ataque. Recién cuando el espejo de la opinión pública devolvió semejante despropósito sobrevino la aclaración tardía del Ministerio Público Fiscal, intentando enmendar un traspié que desnuda la precariedad de los resortes protectores.

El colapso es sistémico y atraviesa todas las terminales institucionales. ¿Qué otra lectura puede hacerse cuando la Secretaría de la Mujer toma la insólita y burocrática decisión de eliminar las guardias, reduciendo la atención a una ventanilla de horario administrativo? El brutal ataque del domingo pasado sonó como una bofetada impiadosa en la cara de los funcionarios que firmaron semejante recorte.

Del otro lado del mostrador de la desidia estatal quedó Dana, atravesando una convalecencia atroz que combina el rigor médico con el terror psicológico. En la intimidad de su charla con este medio, la joven confesó lo indescriptible: no puede contabilizar los puntos de sutura que le surcan el rostro, la cabeza, los brazos y las piernas porque los cortes se multiplicaron cuando bajaba la cabeza para defenderse de un cuchillo que buscaba obsesivamente su cuello. Hoy, encerrada en un espiral de ataques de pánico que le roban el sueño, su testimonio desarma cualquier coartada oficial con una frase lapidaria y tristemente certera: "Yo sabía que si lo denunciaba solo iba a estar unos días preso y después me iba a matar".

Ese temor no era una paranoia infundada, sino el saldo lógico de un derrotero de advertencias desoídas. El historial de agresiones previas contra Dana expone con crudeza la ineficacia de los dispositivos de prevención: el pasado 19 de junio ya había sido apuñalada en el muslo derecho; el 27 de agosto, tras recibir una paliza brutal que la dejó inconsciente de un golpe de puño, su agresor recuperó la libertad en meras seis horas; y en episodios anteriores, el mismo violento le había fracturado los dedos gordos de las manos. Ante semejante tendal de antecedentes y desatenciones, al Poder Judicial no le quedó más remedio que reaccionar a contrarreloj y prometer la prórroga de la cautelar para evitar un costo político insostenible.

Pero los expedientes no se sanan con parches administrativos. Es hora de que los magistrados y fiscales dejen de especular con los plazos y entiendan de una vez por todas que el único camino posible para que una víctima comience a transitar el arduo sendero de la recuperación es dejar caer sin miramientos todo el peso de la ley sobre el responsable de este espanto, devolviéndole a esas mujeres que ya no confían en el sistema -tal como lo sentenció la propia Dana en su desgarrador testimonio- la certeza elemental de que las instituciones están para cuidarlas y no para abandonarlas a su suerte.

(*) Director Periodístico de El Diario de La Pampa