Detuvieron a un hombre con antecedentes tras robar un celular en una estación de servicio
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EL DIARIO digital
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"Vivo un infierno", dice Rincón. La casa que habita con su familia está marcada por aquella muerte.
Alfredo Rincón, de 77 años de edad, enfrenta un proceso de vulnerabilidad extrema tras haber sido despojado de la totalidad de sus bienes en un lapso de cien días. La maniobra, ejecutada mediante coacción agravada, amenazas de muerte hacia sus hijos y agresiones físicas, privó al damnificado de ocho inmuebles, un establecimiento comercial y un automotor. En la actualidad, el afectado litiga en los fueros provincial y federal para evitar el desalojo de su única vivienda, ubicada en la calle Felgueras 2056 de Villa Martita, una propiedad explícitamente vinculada a uno de los crímenes más graves de la historia reciente de La Pampa.
A pesar de los elementos probatorios acumulados por la Brigada de Investigaciones y las declaraciones testimoniales en sede judicial, las causas penales contra los integrantes de la organización y sus presuntos colaboradores técnicos se encuentran paralizadas, imposibilitando la restitución del patrimonio.
La vivienda de la calle Felgueras 2056, habitada por Rincón desde el año 1981, constituyó el núcleo del conflicto que derivó en el homicidio de Griselda Fuentes Cabal, cometido el 14 de mayo de 2014. El ataque fue instigado por Carlos Luján Sosa, quien actualmente cumple una condena a prisión perpetua. Sosa había contratado al sicario Diego López para asesinar al empresario Eduardo Ros, pareja de la víctima, quien logró sobrevivir al simular su fallecimiento en el lugar del hecho.
Según la requisitoria de elevación a juicio formulada por el fiscal Guillermo Sancho, el motivo determinante del atentado fue la transferencia irregular de la vivienda de Rincón. En su declaración del 9 de octubre de 2015, el propio Ros detalló que la inmobiliaria de Santiago Cairnie le había ofrecido la compra de dicha propiedad. La transacción se consumó mediante un boleto de compraventa con irregularidades formales en la escribanía de Mena de Cavalli, registrando el inmueble a nombre de la hermana de Carlos Sosa.
De acuerdo con las constancias judiciales, Rincón detectó la maniobra fraudulenta días antes del crimen e interrogó a Ros al respecto. Ante el riesgo de que la operación fuera denunciada, los miembros de la organización criminal ejercieron presiones dinámicas sobre Rincón para asegurar su silencio.
Antecedente delictivo
El modus operandi aplicado contra Rincón guarda identidad con la estafa perpetrada por la misma organización en perjuicio de Raúl Ricardo Crespo, un productor agropecuario de la provincia. En el año 2014, Carlos Luján Sosa intentó apropiarse de un complejo de ocho cabañas denominado Rincón de la Montaña, ubicado en Villa General Belgrano, Córdoba.
Para ello, Sosa presentó un documento de cesión de derechos presuntamente firmado por Crespo tres días antes de su fallecimiento, ocurrido en el Hospital Lucio Molas a causa de una enfermedad oncológica. Con el patrocinio legal del abogado Román Fiorucci, la banda desalojó mediante la fuerza pública a los administradores legítimos del predio e inició gestiones para su venta. La denuncia de las herederas de Crespo permitió comprobar pericialmente la falsedad de la firma, logrando la restitución del complejo en septiembre de 2015.
Cronología del despojo
El patrimonio de Rincón se originó tras la disolución de la sociedad conyugal con su exesposa, celebrada el 27 de julio de 2012. En dicha distribución, le fueron adjudicadas diez propiedades en Villa Martita y una camioneta Ford F-100. Los lotes carecían de escrituración definitiva debido a la tramitación de la compleja sucesión de la familia Alonso, titulares originarios del dominio.
Con posterioridad a la firma del convenio conyugal, el operador inmobiliario Santiago Cairnie y los ciudadanos Carlos Luján Sosa padre e hijo manifestaron interés en la adquisición de las tierras y del hotel alojamiento Etcétera, explotado por Rincón desde 1977 en la avenida Palacios.
La negociación derivó en actos de violencia física y amenazas de muerte dirigidas a los tres hijos de Rincón. El damnificado denunció haber sido agredido en las instalaciones del hotel por los Sosa y sus parientes políticos, los hermanos De la Canal. Asimismo, durante el período de coacción, se registró el envenenamiento de los cuatro animales caninos pertenecientes a la familia en sus respectivos domicilios.
Operaciones notariales
El desapoderamiento de los bienes se formalizó el 16 de octubre de 2012 en la escribanía de Mena de Cavalli. Según la denuncia penal, Rincón era trasladado bajo custodia armada y retenido en las inmediaciones del estudio notarial, mientras otros integrantes de la banda vigilaban de forma permanente la vivienda familiar.
En una sola jornada, la escribana interviniente autorizó diez escrituras traslativas de dominio basadas en la disolución conyugal. El procedimiento consistía en la inscripción del lote a nombre de Rincón y su inmediata venta a favor de miembros o allegados de la organización. En la totalidad de las actas, la notaria asentó que el vendedor declaraba haber recibido el dinero con anterioridad en efectivo, circunstancia que Rincón niega formalmente, afirmando no haber percibido contraprestación alguna.
Los bienes fueron transferidos bajo las siguientes condiciones contractuales:
Primero: El hotel alojamiento Etcétera fue enajenado en un cincuenta por ciento a favor de Juan Horacio de la Canal y el porcentaje restante a nombre de Carlos Alfredo de la Canal, cuñados de Sosa padre. El valor asentado por cada operación fue de 295 mil pesos, totalizando 490 mil pesos (aproximadamente 100 mil dólares de la época). Dicho monto se ubicó por debajo del límite de 300 mil pesos que obligaba a los profesionales a informar la transacción a la Unidad de Información Financiera (UIF). La tasación real del comercio en el acuerdo conyugal alcanzaba los 240 mil dólares. El inmueble fue revendido en 2014 al escribano Alejandro Hotz por 1.400.000 pesos.
Segundo: Dos terrenos fueron transferidos a Carlos Luján Sosa hijo, quien en esa fecha tenía 19 años de edad, mediante una figura de donacion de fondos otorgada por su padre. Se fijó un valor de 75 mil pesos por cada lote, registrando un precio sustancialmente inferior al valor de mercado, estimado en 80 mil dólares por unidad. En marzo de 2013, Sosa hijo realizó la reventa de dichos lotes por un total de 110 mil dólares.
Tercero: La vivienda particular de la calle Felgueras fue registrada a nombre de Élida Esther Sosa, hermana del jefe de la organización, por una suma nominal de 300 mil pesos.
Cuarto: Otros dos inmuebles de la misma manzana fueron transferidos a nombre de los ciudadanos Santiago Trull, Andrea Queixalos y María Lucrecia Ardohain, bajo importes análogos.
La denuncia penal subraya una grave irregularidad en la actuación de la escribana Cavalli: las operaciones se autorizaron mediando un embargo preventivo por 600 mil pesos trabado por Sosa y el abogado Fiorucci. A pesar de que el levantamiento de dicha medida recién se solicitó en noviembre y se ordenó en diciembre de 2012, la notaria certificó en las escrituras del 16 de octubre que las deudas habían sido totalmente canceladas.
Agresiones físicas
Los actos de intimidación continuaron tras la firma de los instrumentos públicos. El 8 de febrero de 2013, Rincón sufrió una agresión con un objeto contundente en la vía pública, en proximidades de la clínica Faerac, que le provocó la fractura de uno de sus brazos. El hecho ocurrió en presencia de Carlos Luján Sosa padre, quien no intervino.
El 4 de abril de 2013, tras ser citado al estudio jurídico del abogado Román Fiorucci y no ser atendido, Rincón fue interceptado en la calle Lisandro de la Torre, donde recibió un impacto en la zona craneal que le causó una herida sangrante, debiendo recibir asistencia médica de urgencia.
El despojo concluyó con la apropiación de su camioneta Ford F-100 y de los dos últimos lotes de la sucesión Alonso. En diciembre de 2012, Rincón fue obligado a suscribir el formulario de transferencia del vehículo a favor de Jorge Casais, sobrino de Sosa. Los pagarés que acreditaban la cancelación previa de la deuda del rodado fueron sustraídos de su domicilio.
Finalmente, el 28 de junio de 2013, el martillero Santiago Cairnie utilizó un poder de los herederos de Alonso para transferir dos parcelas a Carlos Luján Sosa por 50 mil pesos, quien en el mismo acto notarial las enajenó a favor de María Susana García por 250 mil pesos, omitiendo los valores reales de mercado. Rincón destaca que la escribana Cavalli convalidó la venta de dichos lotes a sabiendas de que integraban la disolución conyugal oportunamente registrada en su propio protocolo.
A pesar de los allanamientos efectuados en la sede notarial y en la vivienda de la organización delictiva, donde se secuestró la documentación objeto del fraude, las acciones judiciales se encuentran paralizadas sin dictamen definitivo.
