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EL DIARIO digital
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La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) archivó la denuncia presentada por la diputada provincial Noelia Sosa contra el proceso licitatorio del área petrolera El Medanito y concluyó que no existieron elementos para sospechar la comisión de delitos o irregularidades administrativas por parte de los funcionarios involucrados.
La resolución 2469, fechada el 15 de mayo y a la que accedió El Diario, dispuso "dar por concluida la presente información sumaria ordenada y proceder a su archivo", al considerar abstractas las denuncias formuladas por la legisladora del FreJuPa.
En los considerandos, la FIA sostuvo que el pliego cuestionado "no suscitó el interés de las empresas destinatarias", ya que "no se ajustaba a las condiciones de competitividad imperantes en la industria hidrocarburífera ni a los marcos económicos vigentes".
A partir de esa situación, el organismo entendió que la denuncia vinculada a un presunto perjuicio económico para el Estado provincial "devino abstracta", al igual que las acusaciones sobre posibles irregularidades cometidas por integrantes de la Mesa Interinstitucional que elaboró el proceso licitatorio.
"Las situaciones denunciadas carecen de objeto actual", afirmó la resolución, que además remarcó que "no surgen elementos para considerar que los integrantes de la Mesa Interinstitucional hayan cometido una irregularidad o ilícito administrativo".
El fallo administrativo también destacó que las decisiones cuestionadas fueron tomadas "por un órgano colegiado legalmente constituido" y en el marco de "un acto de carácter preparatorio", sin pruebas que permitieran avanzar en los términos del artículo 16 de la Ley 1830.
Ese artículo de la ley que regula el funcionamiento de la FIA establece las facultades del organismo para promover acciones cuando detecta posibles delitos o irregularidades en la administración pública. En la práctica, implica que, si la Fiscalía encuentra indicios suficientes, puede impulsar denuncias judiciales, pedir sanciones administrativas o promover investigaciones más profundas. En este caso, la FIA concluyó que no existían elementos que justificaran avanzar en esa dirección.
La denuncia de Sosa
La presentación de Sosa, alineada a un sector del vernismo, había generado un fuerte impacto político a fines de 2025, en medio del debate por el futuro del principal yacimiento petrolero de La Pampa.
La legisladora, acompañada por el abogado Alejandro Gigena, cuestionó el pliego elaborado durante la gestión del gobernador Sergio Ziliotto y denunció que el esquema previsto para calcular regalías permitía hacerlo sobre parámetros "teóricos" y no sobre la producción real del área.
Según sostuvo en aquel momento, ese mecanismo podía derivar en una "transferencia ilegal" de ganancias al futuro operador privado, con una pérdida millonaria para la provincia durante toda la concesión. Incluso llegó a señalar que el pliego configuraba una "escena ficticia" que no reflejaba la evolución real del yacimiento.
La denuncia apuntó contra funcionarios provinciales y miembros de la comisión técnica que intervino en el proceso, entre ellos el secretario de Energía Matías Toso, el ministro de Hacienda Guido Bisterfeld y la presidenta de Pampetrol, María de los Ángeles Roveda.
También incluyó a los diputados opositores Julián Aguilar, de la UCR, y Enrique Juan, del PRO, quienes integraron la Comisión de Precalificación y acompañaron el dictamen mayoritario. Sosa fue la única integrante de ese cuerpo que votó en contra del llamado a licitación.
El escenario se complejizó a comienzos de 2026 cuando ninguna empresa adquirió los pliegos bajo las condiciones planteadas. Esa situación abrió una fuerte incertidumbre sobre el futuro de El Medanito, cuya operación continúa actualmente en manos de PCR hasta el vencimiento del contrato, previsto para junio de 2026.
Frente a ese escenario, el mes pasado la Legislatura provincial aprobó una nueva ley para habilitar una transición en manos de Pampetrol y avanzar hacia un nuevo esquema licitatorio, con el objetivo de destrabar el conflicto y dar previsibilidad a unos 400 trabajadores vinculados a la actividad petrolera en la zona.
