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EL DIARIO digital
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En un fallo que trasciende lo jurídico para tocar las fibras más íntimas de la historia humana, la Cámara de Apelaciones de Santa Rosa puso fin a una búsqueda de décadas.
Una vida bajo otra identidad
La historia de C. comenzó en marzo de 1971. Al nacer, no fue inscripta por sus padres biológicos, sino que su filiación registrada fue "completamente ajena no solo a su realidad, sino también contraria al reconocimiento de sus derechos personalísimos". Creció como hija de E. A. T. y M. M. L., mientras sus verdaderos orígenes permanecían ocultos bajo un manto de silencio que, según la justicia, sus padres biológicos ayudaron a cimentar.
Lo que hace este relato particularmente doloroso es el contexto familiar que siguió. Apenas dos años después del nacimiento de C., sus padres biológicos, S. M. D. P. y J. C. B., contrajeron matrimonio en octubre de 1973 y formaron una familia con tres hijos más nacidos posteriormente: M. F. el 17/05/1975, M. el 20/7/1976 y H. el 26/02/1984.
Sin embargo, a pesar de construir un plan de vida en común, nunca remediaron la omisión inicial ni revelaron a C. su verdadera identidad.
La ardua búsqueda de la verdad
Para C., llegar a la verdad no fue un camino sencillo. Fue un "derrotero procesal" que incluyó una "ardua búsqueda de su verdad biológica", la designación de abogados y el sometimiento a pruebas genéticas. Mientras sus padres biológicos alegaron "costumbres de la época" para justificar su accionar, la justicia fue tajante: a los 20 y 25 años de edad, ya tenían la obligación legal y moral de registrar a su hija.
El fallo de la Jueza María Anahí Brarda destaca que este ocultamiento obligó a C. a transitar un proceso judicial desgastante simplemente para "poner nombre y apellido a su identidad". El tribunal subrayó que la conducta de los padres priorizó sus propios intereses por encima de los de su hija, privándola ilegalmente de su derecho a conocer sus orígenes.
Justicia y reparación
La resolución de la Cámara no solo ratificó la filiación de C. como hija de J. C. B. y S. M. D. P., sino que también corrigió una injusticia económica. Inicialmente, se había dictaminado que cada parte pagara sus propios gastos legales, pero la Cámara revocó esto, ordenando que los padres biológicos asuman la totalidad de las costas del juicio.
La dramática historia de C. y su búsqueda de la identidad tuvo una secuela jurídica.
Para los jueces, imponerle gastos a C. por un juicio que se vio obligada a iniciar debido a la "omisión deliberada" de sus padres sería continuar responsabilizándola por hechos en los que ella no tuvo poder de decisión.
Este fallo reafirma que el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental, intransigible e irrenunciable. A sus 54 años, C. finalmente ha logrado derribar el muro de silencio y obtener la verdad objetiva sobre quién es, cerrando una herida que la acompañó durante más de medio siglo
