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EL DIARIO digital
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La diputada provincial del FrejuPa, la ultravernista Noelia Sosa, manifestó este sábado su oposición a la aprobación del Informe Final Ambiental (IFA) presentado por la empresa PCR en el marco del cierre de la concesión del área hidrocarburífera El Medanito. La legisladora participó este jueves de la audiencia pública realizada para analizar el documento junto al abogado Alejandro Gigena y expuso una serie de objeciones técnicas y legales que, a su entender, impiden su validación.
La legisladora también reclamó que se investigue la posible responsabilidad administrativa, funcional y legal de los funcionarios encargados de controlar el cumplimiento de la normativa ambiental, al considerar que permitieron que las presuntas irregularidades avanzaran hasta la instancia actual.
Sosa mantiene desde hace meses una postura crítica sobre el proceso vinculado a El Medanito. Entre otras acciones, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para que se investigue el cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas con el abandono de pozos hidrocarburíferos y las responsabilidades de los organismos de control. La legisladora ha insistido en la necesidad de garantizar la remediación integral de los pasivos ambientales antes de avanzar con una nueva concesión del área y ha reclamado el estricto cumplimiento de la Ley Provincial 3.018 y su decreto reglamentario.
"No cumple las exigencias"
A través de un comunicado de prensa, Sosa sostuvo que el informe "no cumple con las exigencias de la Ley de Hidrocarburos (art. 15)", en base a informes técnicos incorporados al expediente administrativo. "Argumentamos que se ha violado en forma total y flagrante la Ley Provincial N° 3.018 y el Decreto Reglamentario 2229/19 que regula los procedimientos de saneamiento ambiental de pozos hidrocarburíferos abandonados o a abandonar, situación que condiciona negativamente la aprobación del IFE", afirmó.
La legisladora remarcó que la normativa provincial declara de interés público el abandono temporal o definitivo de los pozos hidrocarburíferos debido a los riesgos ambientales asociados. En ese sentido, señaló que "si un pozo hidrocarburífero no ha sido correctamente sellado, controlado y monitoreado, esa situación constituye un potencial foco de contaminación ambiental, pudiendo generar migraciones de fluidos, afectación de acuíferos, emisiones de gases o riesgos para la integridad del suelo y del subsuelo". Según indicó, el informe presentado por la empresa "no informa ni deja constancia que el saneamiento ambiental de los pozos abandonados o a abandonar cumpla la normativa que lo regula".
Sosa también cuestionó el tratamiento de los suelos contaminados y residuos peligrosos. Citó informes técnicos internos que señalan que "queda pendiente la presentación de cronogramas ejecutivos y costos integrales de determinadas tareas específicas que fueron solicitadas" por las autoridades competentes. Además, observó que la empresa propone garantizar únicamente el 50% del monto estimado para la remediación total del área, cuando la legislación exige asegurar la ejecución completa de los planes de saneamiento ambiental.
"Por tales cuestiones técnicas expresamos que no corresponde la aprobación del IFA", sostuvo la diputada. Asimismo, planteó interrogantes sobre el rol de los organismos de control y la actuación de los funcionarios responsables. "Dejamos formalmente planteada la necesidad de que se determine la eventual responsabilidad administrativa, funcional y legal de quienes, teniendo el deber de controlar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, permitieron que estas irregularidades llegaran hasta esta instancia", concluyó.
Las observaciones de Sosa se suman a los cuestionamientos surgidos durante la audiencia pública en la que se debatió el informe ambiental y el plan de remediación del yacimiento El Medanito, cuya concesión operada por PCR se encuentra próxima a finalizar.