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EL DIARIO digital
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La Asociación de Defensores y Defensoras Públicas de La Pampa hizo otra severa advertencia respecto de la situación de emergencia que atraviesan las defensorías en la provincia y reclamó que el poder político se ponga a la altura de las circunstancias y elabore alguna respuesta.
Puntulamente, Walter Vaccaro hizo de vocero de la organización y pidió que el ministro de Justicia y Seguridad Horacio di Nápoli atienda un pedido de audiencia para tratar el tema. También refrescó el rol del Superior Tribunal de Justicia.
Las defensorías locales, como lo expuso el defensor general Martín Saravia, atraviesan una crisis estructural en la que le son necesarios recursos de todo tipo, desde creación de cargos, hasta estructura edilicia pasando por los insumos que se necesitan cotidianamente. Esa demanda consiguió fuerte respaldo del Consejo Federal de Defensorías.
Ahora Vaccaro, defensor penal de General Pico y referente de la Asociación de Defensores y Defensoras Públicas de La Pampa, planteó: "hay una escasa cantidad de defensorías civiles, un redudido personal asignado a cada una y también críticos espacios físicos para trabajar".
La emergencia se declaró a fines de 2025. El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina respaldó ese diagnóstico y expresó su "profunda preocupación" por la falta de recursos humanos y materiales, la sobrecarga laboral, las limitaciones edilicias y la ausencia de herramientas técnicas adecuadas.
Vaccaro puso el foco en las condiciones de trabajo: "Están trabajando en depósitos, en lugares que eran asignados para depósitos como oficinas, y no hay ventilación, no hay luz. Lo que hay que financiar son claramente recursos humanos y recursos económicos para mejorar la situación", insistió en declaraciones a Radio Kermés.
También dejó en claro que no hay excusas del poder para no actuar. "Todas las partes están comunicadas. Nosotros hicimos una nota a cada uno de los poderes para que sepan cómo está la situación de la Defensoría".
"Se supone que esto tiene que tener una respuesta del poder político, y eso incluye al Superior Tribunal de Justicia. Lamentablemente la defensoría civil no tiene autonomía. La cabeza del poder nuestro en el Ministerio Público es el procurador general", señaló.
"Necesitamos que los más vulnerables de la sociedad, que hacen el requerimiento a las defensorías civiles, tengan el acceso que corresponde", completó.
Y recordó que "hemos pedido audiencia con el ministro de Justicia y todavía estamos esperando una respuesta para ver cuál es la respuesta que vamos a tener".