Amplio respaldo en La Pampa al reclamo municipal contra Nación por fondos

Intendentes e intendentas de todo el país, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), elevaron un documento al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, en el que reclaman la normalización en la transferencia de recursos, la reactivación de la obra pública y medidas urgentes para sostener las finanzas locales.

Pero el dato político más relevante es el fuerte respaldo que tuvo el planteo en La Pampa: el documento fue firmado por 73 jefes y jefas comunales sobre un total de 79 localidades, lo que refleja un amplio consenso que atraviesa a dirigentes del PJ, la UCR y el PRO.

La magnitud del acompañamiento expone una preocupación transversal en todo el territorio provincial, más allá de las pertenencias partidarias, frente al impacto de las políticas económicas nacionales en los municipios.

En La Pampa, el impacto de la caída de recursos ya comenzó a reflejarse en casos concretos. En localidades como Santa Isabel y Rolón, las gestiones municipales debieron recurrir al pago desdoblado de salarios o a cancelaciones fuera de término, ante la dificultad para sostener el flujo de fondos.

El documento, que entregó un grupo de jefes comunales movilizados durante este martes, advierte sobre el deterioro de la situación fiscal, económica y social en las comunas, y señala que la combinación de caída de ingresos, aumento de costos y eliminación de programas nacionales está afectando directamente la capacidad de gestión local.

Según el diagnóstico presentado, en el primer trimestre del año la coparticipación federal cayó un 11%, acumulando una baja del 21% si se suman los descensos registrados en 2024 y 2025, lo que compromete la previsibilidad presupuestaria e incluso pone en riesgo el pago de salarios municipales.

Fondos y obra pública en el centro del reclamo

Uno de los ejes principales del planteo es la falta de transferencia de recursos nacionales y la paralización de obras públicas en los municipios, una situación que impacta tanto en el empleo como en la prestación de servicios esenciales.

Los intendentes también cuestionaron el uso de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), al considerar que se distribuyen de manera discrecional, y reclamaron que se asignen bajo los mismos criterios que la coparticipación.

En esa línea, advirtieron que el Gobierno nacional recaudó 1,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles hasta el 31 de marzo, sin que esos fondos se traduzcan en obras viales ni en una baja del precio de los combustibles.

Además, plantearon la necesidad de revisar los recursos vinculados al esquema de combustibles y de implementar medidas de compensación ante el aumento del gasoil, que encarece el transporte público y pone en riesgo su sostenimiento.

Impacto en la economía y la vida cotidiana

El documento también detalla efectos concretos en las economías locales: caída de la producción industrial, cierre de empresas, deterioro de las economías regionales y una fuerte crisis en el sector turístico.

En el plano social, los intendentes alertaron que la demanda de alimentos aumentó un 100% y que los municipios enfrentan una presión creciente como primer nivel de contención. También señalaron dificultades en el acceso a medicamentos para jubilados y en la continuidad de políticas para personas con discapacidad.

"El escenario social es cada vez más crítico", advirtieron, al tiempo que describieron situaciones de extrema vulnerabilidad, como el regreso del trueque en distintas ciudades del país.

En el tramo final, los jefes comunales solicitaron la creación de una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Economía y la FAM, con el objetivo de abordar la crisis y avanzar en soluciones.