Estudiantes de policía revisan "el pasado reciente como desafío institucional"
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EL DIARIO digital
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La justicia de Santa Rosa investiga a dos docentes que presentaron certificados médicos falsos para justificar licencias.
En una audiencia celebrada en la Sala 2 de la Oficina Judicial, la jueza María Florencia Maza dio curso a la investigación fiscal preparatoria contra Laura Andrea Emilio y Valeria Marina Elizalde. La causa se inició tras una denuncia de la Dirección General de Personal, que advirtió irregularidades en las licencias presentadas por las involucradas.
Según la acusación presentada por el fiscal Guillermo Sancho, la docente Laura Emilio, quien también trabajaría en el centro Torre Médica, habría aprovechado su acceso o conocimiento del lugar para falsificar los certificados. Ella presentó 10 certificados ante la Dirección General de Personal y le habría facilitado otro certificado a Elizalde.
La maniobra quedó al descubierto cuando la Dirección de Personal convocó a las médicas cuyas firmas aparecían en los documentos. Las profesionales fueron contundentes: declararon que nunca atendieron a las imputadas y que las firmas o sellos no correspondían a actos médicos reales realizados por ellas.
La situación procesal de ambas docentes difiere según su rol en la maniobra, aunque ambas enfrentan cargos graves. Emilio está imputada de falsificación de instrumento privado y fraude a la administración pública, mientras que Elizalde enfrenta la causa por uso de certificado médico falso y fraude a la administración pública.
La escala penal en juego varía: por la falsificación y uso de instrumento privado, la pena oscila entre 1 y 6 años de prisión, mientras que, por fraude a la administración pública, el Código Penal prevé penas de 2 a 6 años de reclusión.
Allanamientos y peritajes clave
En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en las viviendas de ambas docentes, donde se secuestraron elementos de interés para la causa. La medida más trascendental dictada por la jueza Maza, a pedido del fiscal Guillermo Sancho, fue la apertura de los teléfonos celulares de las dos imputadas, con el fin de determinar si existieron comunicaciones que coordinaran la entrega de los certificados o si hay otros implicados.
Más allá del carril penal, las docentes, defendidas por los abogados particulares Benjamín Ortiz y José Mario Aguerrido, enfrentan un sumario ante el Ministerio de Educación.
