La Agrupación Rosa y Verde criticó el "portazo" de UTELPA en la paritaria
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EL DIARIO digital
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El gremio denuncia que la ausencia de una Autoridad de Aplicación y la falta de operativos permanentes ponen en riesgo la seguridad de los usuarios y la estabilidad de los trabajadores del volante.
"Sin inspecciones ni registros claros, la normativa corre el riesgo de quedar solo en los papeles", sentenciaron a través de un duro comunicado que marca un nuevo pico de tensión en el conflicto del transporte.
Para el Sindicato de Peones de Taxis de La Pampa (SIPETAX), desde la sanción de la ordenanza el pasado 27 de noviembre nada cambió en relación a las aplicaciones de transporte de pasajeros.
Ese día, el Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó por unanimidad la Ordenanza 7190/25, una norma que nacía con la promesa de ordenar el caótico desembarco de las plataformas digitales en la ciudad. Sin embargo, para los peones de taxis, el paso del tiempo no ha traído orden, sino una profundización de la incertidumbre.
Este jueves, al cumplirse exactamente 86 días de aquella sesión, el SIPETAX emitió un duro comunicado de prensa. La advertencia es clara: el plazo para la inscripción de conductores de plataformas como Uber ya venció, pero en las calles de la capital pampeana nada parece haber cambiado. "Nos anunciaron un cambio, pero en la práctica no vemos resultados concretos", sostiene el documento, que refleja el sentimiento de un sector que se siente "a pie" frente a la tecnología y la desidia administrativa.
Las exigencias de los trabajadores: entre el papel y la calle
El reclamo del SIPETAX no es solo una queja por la competencia, sino una interpelación directa a la gestión municipal. El sindicato exige la puesta en funciones inmediata de la Autoridad de Aplicación, la figura institucional que debe velar por el cumplimiento de la norma y que, a tres meses de su creación legal, sigue vacante.
Para los peones, la transparencia es el primer paso para la convivencia. Por ello, demandan la publicación del padrón oficial de conductores inscriptos y la implementación de operativos de control permanentes. "Reclamamos por igualdad de condiciones y control real", enfatizan, señalando que mientras un taxista debe cumplir con una montaña de exigencias técnicas, fiscales y de seguridad, los conductores de aplicaciones operan en una zona gris que el municipio no logra —o no quiere— iluminar.
El "Efecto Uber" y la sangría de licencias
La falta de controles denunciada por el SIPETAX tiene un correlato material para el sector tradicional. En enero de 2026, apenas un mes después de la ordenanza, la Cámara de Propietarios de Taxis, liderada por Ernesto Forastiero, confirmó que 25 licencias habían sido devueltas al municipio. Taxistas de toda la vida, incapaces de sostener los costos de mantenimiento frente a la competencia desregulada, prefirieron entregar su medio de vida.
Forastiero ha sido gráfico en sus comparaciones: mientras un taxista necesita una unidad que ronda los 30 millones de pesos para operar legalmente, un conductor de aplicación puede salir a la calle con un vehículo modelo 2010 de 6 millones.
"Es una bomba de tiempo", advirtió el dirigente, aludiendo también a la inseguridad que, a su criterio, conlleva un sistema que carece de controles tarifarios y de inspecciones técnicas rigurosas.
En esta panorama, la semana pasada sumó el desembarco de Didi. Para Forastiero y los gremios, esto es la confirmación del "descontrol total".
"No han hecho nada; la verdad es que es una vergüenza", disparó el referente de la Cámara de Propietarios, calificando la actitud municipal de "desidia".
El sector del taxi aguarda con expectativa una resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre un recurso que cuestiona la legalidad del sistema actual.
El comunicado del SIPETAX de este jueves cierra con una frase que suena a ultimátum: el objetivo es garantizar "reglas claras, seguridad para los usuarios y condiciones equitativas" para todos, ya sean de taxi, remises o aplicaciones.
