Tragedia en la Ruta 143: las víctimas eran de Tierra del Fuego y se investiga a un tercer auto por el choque
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EL DIARIO digital
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Un conflicto latente en la estructura de la Unidad Funcional de Género de la Policía de La Pampa salió a la luz tras la denuncia penal contra el Jefe de la fuerza, comisario general Claudio Cano. Si bien la presentación judicial de una asistente social apunta a presuntas amenazas y "abuso de autoridad", el trasfondo del caso revela una fuerte disputa por la modalidad de prestación del servicio hacia las víctimas de violencia.
Según datos a los que tuvo acceso El Diario, el punto de ruptura se produjo durante una reunión de trabajo de la que participaron al menos diez personas. En ese encuentro, una de las integrantes del grupo de profesionales del área planteó una exigencia de cumplimiento de funciones bajo un esquema rígido: cuatro horas diarias de labor, fijas, de 8 a 12 de la mañana, y no cubrir guardias, ni fines de semana, ni feriados.
La respuesta del personal jerárquico fue inmediata y generó una fuerte discusión. Los mandos policiales cuestionaron la viabilidad de ese pedido, planteando un interrogante central para la operatividad de la unidad: el destino de las víctimas que sufren hechos de violencia de género por la tarde, la noche o la madrugada, momentos en los que el servicio quedaría desierto bajo esa pretensión horaria.
"En concreto, el planteo lo hizo una profesional, pero parece que era el objetivo de todas... atender a las víctimas en un horario fijo y estipulado", confió un integrante de la Fuerza.
La denuncia y la reacción de Cano
En ese contexto de tensión se habrían producido las expresiones de Cano que la asistente social denunciante calificó como amenazas. Según su presentación, el Jefe de Policía habría advertido que quienes no cumplieran con las expectativas de servicio o abusaran de las licencias verían obstaculizada su carrera. De hecho, la profesional sostiene que tras esa reunión recibió calificaciones negativas que frustraron un ascenso que consideraba asegurado.
Sin embargo, ante la magnitud del escándalo y la denuncia radicada en la fiscalía de Micaela Sucurro, el propio Claudio Cano tomó una decisión inusual: le pidió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que se inicie un expediente sobre su propia conducta. El jefe policial busca que el organismo de control determine si sus órdenes se encuadraron en sus facultades de mando para garantizar el servicio o si existió una extralimitación.
Investigación en marcha
La fiscalía ya comenzó a tomar declaración a los diez testigos que presenciaron la reunión. Sus testimonios serán fundamentales para reconstruir si las palabras de Cano fueron una directiva de gestión ante una supuesta desatención de las guardias o si, efectivamente, se trató de una coacción personal hacia la denunciante.
En el expediente judicial también aparece mencionado Horacio Benítez, coordinador de la Unidad, por su rol en la gestión del personal profesional. Lo que comenzó como una queja administrativa por ascensos terminó abriendo un debate público sobre cómo debe funcionar un área tan sensible como la Unidad de Género y cuál es el límite de la autoridad jerárquica frente a los reclamos laborales del personal civil y policial.
