Quiso robar una moto, no pudo darle arranque y lo atraparon
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EL DIARIO digital
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El escenario del juicio: Las partes y el debate
El proceso judicial contó con la intervención del Sr. Fiscal Agustín Carestia, en representación del Ministerio Público Fiscal, y de la Dra. Vanessa Ranocchia Ongaro, abogada defensora de confianza del imputado.
La resolución se alcanzó mediante un acuerdo de juicio abreviado, un mecanismo de "condenación negociada" donde no hay un debate oral público tradicional, sino que las partes consensúan los hechos y la calificación legal basándose en las pruebas de la instrucción. Originalmente, Ibáñez estaba imputado por tenencia simple de estupefacientes, pero durante la negociación, el Fiscal Carestia modificó la calificación a tenencia para consumo personal. Según el representante del Ministerio Público, la prueba colectada "no permitía de modo concluyente excluir la finalidad de consumo personal".
El hallazgo: Dosis, balanzas y una camioneta
El caso presentaba elementos que usualmente se asocian con la comercialización. Al momento de su detención, Ibáñez tenía la droga debajo de su camioneta, distribuida de la siguiente manera:
-Un envoltorio negro con cinco dosis (5,1 gramos).
-Un envoltorio blanco con siete dosis (6,7 gramos).
-En el procedimiento también se secuestraron balanzas de precisión.
A pesar de este fraccionamiento en 12 dosis totales y la presencia de las balanzas, la defensa —liderada por Ranocchia Ongaro— solicitó la aplicación del precedente "Arriola" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la conducta estaba protegida por la autonomía y privacidad garantizadas por el artículo 19 de la Constitución Nacional.
El criterio del Tribunal: ¿Por qué no hubo condena?
El juez Foglia avaló el cambio de calificación propuesto por la fiscalía y la defensa. En sus fundamentos, explicó que la "escasa cantidad" es un parámetro subjetivo que debe ser valorado por la prudencia del juez. El magistrado sostuvo que los 11,8 gramos no eran suficientes por sí solos para descartar el uso personal.
Para el tribunal, la clave residió en que la tenencia no fue "ostensible ni visible" y no hubo pruebas de que afectara la salud o seguridad pública. Siguiendo la línea doctrinaria de la Corte Suprema en los fallos "Arriola", "Rodríguez" y "Salvini", el juez determinó que, al no haber peligro concreto para terceros, la justicia penal no debe intervenir en acciones autorreferentes.
Resolución final
Finalmente, el Tribunal resolvió:
1.Declarar la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo de la Ley 23.737 (que castiga la tenencia para consumo) para este caso específico.
2.Sobreseer a Omar Atilio Ibáñez, dejando constancia de que el proceso no afecta su buen nombre y honor.
3.Ordenar la devolución de un teléfono Motorola y la suma de $1.001.230 (más intereses de un plazo fijo) que le habían sido incautados.
4.Disponer la destrucción del remanente de la cocaína y de las balanzas secuestradas.
Este fallo destaca el rol del juez en el sistema acusatorio actual, donde su función se limita a analizar la viabilidad y fundamentación de los acuerdos alcanzados por las partes, siempre que no existan vicios de voluntad o una discrepancia insalvable con la calificación legal.
