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EL DIARIO digital
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Una serie de sentencias publicadas este viernes en el Boletín Oficial expuso un panorama crítico en el funcionamiento administrativo de las comisiones de fomento de La Pampa. El Tribunal de Cuentas de La Pampa aplicó multas, formuló cargos económicos millonarios y realizó severos llamados de atención a responsables de 11 de las 18 comisiones de fomento existentes en la Provincia, por incumplimientos reiterados en la rendición de cuentas, falta de documentación y gastos considerados indebidos.
Los fallos, que se repiten semana a semana en el Boletín Oficial, revelan dos grandes tipos de irregularidades: por un lado, la omisión total en la presentación de balances mensuales, y por otro, rendiciones con anomalías, pagos sin respaldo legal o erogaciones que no correspondían a la órbita de las comunas.
Balances "no presentados"
El Tribunal consideró como una de las faltas más graves la no presentación directa de las rendiciones mensuales, aun luego de las intimaciones formales. En estos casos, declaró las cuentas como "no presentadas" y aplicó multas automáticas equivalentes al 30% de la asignación de la categoría 1, que actualmente asciende a $354.397 para cada funcionario responsable.
Entre los casos más relevantes aparecen Falucho y Quetrequén, sancionadas por no rendir los meses de septiembre y octubre de 2025, y Agustoni, que acumuló sanciones por agosto, septiembre y octubre del mismo año. En este último caso, el Tribunal remarcó que ni siquiera se cumplió un cronograma de regularización acordado previamente en audiencia.
Gastos irregulares
En otras comunas, las rendiciones sí fueron presentadas, pero el análisis técnico detectó pagos sin justificación, sobreprecios, contrataciones irregulares y falta de documentación respaldatoria.
Uno de los casos más graves fue el de Maisonnave, donde el Tribunal formuló un cargo por $6.348.394,13 tras comprobar que la comisión de fomento pagó alimento para animales pertenecientes a un productor privado, cuando el contrato establecía que ese gasto debía ser afrontado por el ganadero. A ello se sumaron facturas no válidas, pagos duplicados y demoras administrativas en otros períodos.
En Speluzzi, los cargos superaron los $5 millones por la contratación de personal jornalizado sin encuadre normativo, además de multas e intereses abonados por presentaciones fuera de término y pagos a médicos sin contar con convenios habilitantes con el Ministerio de Salud, una competencia que el Tribunal recordó como exclusiva de la Provincia salvo acuerdo expreso.
Situaciones similares se detectaron en Unanue, La Reforma y Chacharramendi, donde se pagaron servicios de limpieza, talleres deportivos o clases de gimnasia por montos superiores a los contratos originales, sin cláusulas de ajuste objetivas ni facturación acorde a las tareas alegadas.
Documentación faltante
También hubo observaciones por falta de respaldo documental en Rucanelo —con ingresos sin justificar por $742.223 y ausencia de informes del Plan Mi Casa— y en Colonia Santa María, donde no se presentaron comprobantes válidos por la compra de combustible y se detectaron inconsistencias en registros de ingresos. En Perú, se objetó el pago de un seguro sin acreditar que el bien asegurado perteneciera a la comuna.
En varios expedientes, como los de Agustoni y Speluzzi, el Tribunal dispuso que los funcionarios deban responder con su patrimonio personal por multas, intereses y recargos abonados a organismos como Rentas o cooperativas, al considerar que los perjuicios se originaron en incumplimientos administrativos.
Advertencia judicial
Todas las sentencias incluyen un emplazamiento de diez días para que los responsables depositen los importes de multas y cargos en cuentas del Banco de La Pampa. En caso de incumplimiento, el Tribunal advirtió que dará intervención al Fiscal de Estado para iniciar el cobro judicial.
