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EL DIARIO digital
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Desde el Ministerio Público de la Defensa de La Pampa se manifestó el formal rechazo a "cualquier dictamen o proyecto que promueva la baja de la edad de punibilidad". El organismo provincial salió así al cruce de la propuesta del gobierno libertario para aplicar más mano dura sobre la niñez y la adolescencia.
"Entendemos que las respuestas frente a los conflictos que involucran a adolescentes no pueden construirse desde el endurecimiento punitivo, sino desde el respeto irrestricto a los derechos humanos y a los estándares internacionales que la República Argentina ha asumido", señaló un documento de la Defensa.
Añadió que "la experiencia demuestra que ampliar el alcance del sistema penal no reduce la conflictividad social, pero sí profundiza procesos de estigmatización y exclusión que afectan especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
Procedimiento provincial
El organismo recordó que La Pampa "cuenta con un procedimiento penal adolescente propio, adecuado a los principios de especialidad, excepcionalidad y mínima intervención que rigen en la materia. Este régimen reconoce que las personas adolescentes son sujetos de derecho en desarrollo y que el abordaje estatal debe priorizar medidas socioeducativas, acompañamiento integral y construcción de proyectos de vida".
"La baja de edad de punibilidad implicaría un retroceso respecto de estos estándares y desconocería el camino institucional que se viene trabajando en nuestra provincia", añade el documento.
"En este marco, la Defensa Pública ha dispuesto estrategias específicas para garantizar el plus de derechos que surgen de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley 26.061 de Protección Integral. Ello implica intervenciones interdisciplinarias, escucha y participación efectiva los y las adolescentes y sus familias en los procesos que los involucran. Al mismo tiempo, un control estricto de legalidad y constitucionalidad sobre cualquier medida que restrinja derechos", señala.
"Reafirmamos, una vez más, que la respuesta estatal debe orientarse a fortalecer redes comunitarias, políticas públicas que dispongan trabajadores con formación y dispositivos de acompañamiento. Ampliar el poder punitivo sobre las infancias y adolescencias es una medida cruel que solo causará mayor padecimiento social", completa.
