Sabarots: "Hoy funciona el número actual de concejales y no hace falta aumentarlo"

El intendente de General Acha, Abel Sabarots, se manifestó en contra del incremento automático de concejales que prevé la Ley Orgánica de Municipalidades para aquellas localidades que superan los 15 mil habitantes. El jefe comunal advirtió que la aplicación estricta de la normativa implicaría pasar de ocho a doce ediles en su ciudad —y también en Toay— y sostuvo que la medida no se ajusta a la realidad económica ni poblacional de esos municipios.

Según explicó Sabarots, el escenario se activaría con la próxima convocatoria electoral. "En base a datos oficiales y a lo que dice la ley, debería llamarse a elecciones de intendente y concejales, y en el caso de General Acha eso implicaría elegir 12 concejales", señaló. El intendente remarcó que el umbral poblacional fijado por la ley se alcanzó tras el Censo 2022, pero consideró que el salto en la representación es desproporcionado.

En ese sentido, planteó que la ampliación del cuerpo deliberativo contradice el contexto actual. "Estamos en un momento en el que hablamos de ajuste, de mejorar servicios, de concretar obras y de eficientizar todo lo que se pueda. Incrementar no solo cuatro concejales, sino toda una estructura mayor, no responde a la demanda de la sociedad", afirmó. Para Sabarots, el aumento supondría "una erogación muy importante de cara al futuro", con un efecto difícil de revertir.

El intendente también comparó la situación de General Acha y Toay con la de las principales ciudades de la provincia. "Con esta ley tendríamos la misma cantidad de concejales que Santa Rosa y General Pico, pero no tenemos ni la misma capacidad de recursos ni la misma población", subrayó en declaraciones a Cpetv. Santa Rosa supera los 120 mil habitantes y General Pico los 50 mil, mientras que Acha y Toay apenas superan los 15 mil.

Consultado sobre la posibilidad de un aumento intermedio —por ejemplo, de ocho a diez concejales— fue tajante: "El número que está hoy funciona perfectamente. No es necesario ningún aumento". Incluso propuso revisar los criterios de la ley y elevar el piso poblacional para acceder a doce ediles. "Recién a partir de 30 o 40 mil habitantes debería discutirse esa categoría. Es un debate legislativo, pero no veo obstáculos para avanzar en esa dirección", sostuvo, y lo vinculó con el discurso de eficiencia del gasto público.

Las declaraciones del intendente se dan en un contexto de debate abierto en la Legislatura provincial. Días atrás, el bloque de diputados y diputadas de la Unión Cívica Radical comenzó a trabajar en una posible modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento para evitar que, desde diciembre de 2027, aumente la cantidad de concejales en algunas localidades pampeanas. El objetivo es reducir el impacto presupuestario de la ampliación de los concejos deliberantes y, en particular, impedir que el cambio se aplique en Toay y General Acha.

El planteo se apoya en los datos del Censo 2022, cuyos registros por localidad se difundieron en 2024. Con el esquema vigente, al menos siete municipios deberían sumar concejales a partir de 2027: Toay, General Acha, Quemú Quemú, Anguil, La Adela, General Campos y Arata. Sin embargo, la iniciativa radical apunta a intervenir solo en los dos primeros casos.

Desde la UCR advirtieron que el paso de ocho a doce concejales implicaría un incremento cercano al 50% en el gasto de los concejos deliberantes y calificaron el salto como desproporcionado. La Ley Orgánica establece que los concejos se integran con tres ediles en localidades de hasta 1.150 habitantes; cinco entre 1.150 y 2.300; seis entre 2.300 y 4.000; ocho entre 4.000 y 15.000; y doce en las que superan los 15.000.

De acuerdo con esos parámetros, Toay pasó de 12.134 a 17.629 habitantes y General Acha de 12.583 a 15.386, lo que activa el cambio de categoría. En paralelo, otros intendentes también expresaron reparos. Además de Sabarots y del jefe comunal de Toay, Ariel Rojas, el intendente de Quemú Quemú, Francisco Tassone, se manifestó en contra del incremento, aunque sin realizar un planteo formal.

Sabarots insistió en la necesidad de una revisión de fondo. "Modificar la normativa no es complejo. Se trata de dar una respuesta concreta para no ampliar el gasto político y adecuar la representación a la realidad de municipios como los nuestros", concluyó.