Patria Grande rechazó el proyecto de "Ley de Libertad Educativa"

Patria Grande difundió un comunicado en el que cuestiona de manera contundente el proyecto de "Ley de Libertad Educativa" impulsado por el Gobierno Nacional, al que acusa de vulnerar derechos, desentenderse de obligaciones básicas y promover un sistema educativo "fragmentado y subordinado a los intereses privados".

"En la propuesta aparecen vulneraciones de derechos, desentendimiento del rol estatal y fragmentación del sistema educativo, donde el Estado pasa de ser garante de la educación a ser garante de los intereses de las escuelas privadas", expresaron docentes y trabajadores de la educación del espacio.

Críticas al borrador de la "Ley Rocca"

Según el comunicado, el borrador del proyecto —al que denominan "Ley Rocca"— traslada el centro de las responsabilidades educativas hacia las familias, definidas como "agente natural y primario de la educación de sus hijos", mientras limita el papel estatal a funciones mínimas y subsidiarias.

Patria Grande contrapuso este enfoque con la legislación vigente, que establece al Estado como garante de la educación entendida como "bien público y derecho personal y social", y responsable de garantizar el acceso al conocimiento, fijar políticas, controlar su cumplimiento y financiar el sistema nacional.

En cambio, el proyecto del Ejecutivo solo compromete al Estado a establecer contenidos mínimos, "promover la excelencia educativa" y asegurar una oferta gratuita, dejando en segundo plano obligaciones históricas de financiamiento, control y regulación.

Financiamiento y rol subsidiario

El comunicado subraya que el Gobierno Nacional —al que señalan como "el que menos invirtió en educación", con un gasto estimado en 0,88% del PBI— impulsa un esquema que equipara la financiación pública entre escuelas estatales y privadas.

El artículo 69 del proyecto obliga a las jurisdicciones a implementar aportes económicos a instituciones privadas de educación básica con el fin de "garantizar el derecho de los padres a optar por una educación acorde a sus valores". Incluso establece que la suma del financiamiento estatal y los aportes familiares no podrá ser inferior al monto que el Estado destina por alumno en escuelas públicas.

"Es decir, el Estado asume un rol subsidiario cuya finalidad principal es proteger los intereses de las escuelas privadas, con fondos públicos", advirtieron.

De la educación como derecho a la educación como "servicio"

Patria Grande también cuestionó que la iniciativa reemplace la noción de educación como derecho humano por la de "servicio esencial", al tiempo que desplaza al Estado y otorga mayor poder a los Consejos de Padres, que podrían incidir en designaciones y remociones de directivos y docentes.

Para el espacio, el proyecto concibe la educación como un bien de mercado orientado al trabajo y a proyectos individuales, dejando fuera contenidos y perspectivas como educación ambiental, ESI, cooperación, memorias colectivas, bibliotecas escolares y enfoques regionales.

"La libertad de unos constituye la pérdida de derechos para otros", sintetizaron.

El comunicado advierte que la reforma desconoce la Convención de los Derechos del Niño, al convertir a estudiantes en "sujetos pasivos" y habilitar que las familias definan qué contenidos consideran apropiados, incluyendo la posibilidad de excluir la educación sexual integral.

"Se vulnera el derecho de autonomía de niños, niñas y adolescentes. Muchas veces son las familias quienes vulneran el derecho a la educación, y la reforma les da la potestad de limitar saberes", señalaron.

Docentes: más precariedad y arbitrariedad

El texto remarca que los docentes quedarían expuestos a decisiones discrecionales de familias e instituciones, lo que afectaría su estabilidad laboral y hasta sus ingresos. "Cada docente está sujeto a las arbitrariedades de cada institución y de las familias involucradas", alertaron.

Finalmente, cuestionaron la habilitación de formatos educativos domiciliarios e híbridos sin criterios de idoneidad. Patria Grande recordó que la pandemia evidenció el valor del aula como espacio de socialización, comunidad y cuidado frente a un contexto social marcado por el individualismo y la violencia.

"La escuela es un lugar de aprendizajes y cuidados. Este proyecto debilita esa función esencial", concluyeron.