El vernismo ratifica planteos por Medanito: "Un pliego mal hecho compromete recursos por décadas"

La diputada del FreJuPa, Noelia Sosa Godoy, rechazó que sus planteos en la comisión que prepara el pliego para la licitación del área petrolera El Medanito frenen el proceso y ratificó sus críticas porque "un pliego mal hecho compromete regalias y recursos de La Pampa por décadas". "No hay ningún proceso frenado", afirmó.

A fines de octubre, la legisladora vernista hizo duros planteos al pliego que presentaron los funcionarios del gobierno provincial. Denunció que el Gobierno intenta modificar criterios de regalías establecidos por ley, lo acusó de falta de controles y de enviar documentación inconsistente, y advirtió sobre un posible perjuicio económico para la Provincia.

El secretario de Energía, Matías Toso, calificó de "político" el planteo, dijo que no hay un pliego definitivo y que solo se trata de un anteproyecto. Sin embargo, la legisladora vernista agitó nuevas sospechas y ratificó que espera las respuestas por escrito del funcionario. Ahora, le respondió al intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, para negar que esté frenando la licitación.

La comisión, una vez aprobada la ley en la Legislatura después de un prolongado y polémico tratamiento, ya se reunió tres veces. El 18 y 29 de setiembre y el 17 de octubre. Sin embargo, los cuestionamientos al borrador, por ahora, no permitieron que se llegue a un dictamen final.

"No hay un proceso frenado"

"Una vez más, la máxima autoridad, quien conduce el Ejecutivo Municipal de 25 de Mayo, intenta instalar que en mí caracter de Legisladora Provincial (Frejupa) intento frenar un proceso técnico, jurídico y millonario como el del área El Medanito", cuestionó Sosa este viernes en sus redes.

"Y una vez más tengo que aclarar lo obvio: eso es falso. No hay ningún proyecto "frenado" en ninguna comisión. No hay demoras fuera de los plazos legales, establecidos y acordados por toda la mesa de trabajo. Y mucho menos tomo decisiones "individuales", que detengan un proceso que tiene normas, etapas y contratos que deben cumplirse", replicó.

"La verdad es simple: los proyectos se ralentizan cuando algunos quieren avanzar sin procedimientos claros, sin información completa y sin garantías para 25 de Mayo y la provincia", punzó en un mensaje que posté en sus redes sociales.

"Pedir transparencia no es un obstáculo: es una obligación institucional. Me parece lamentable que se haga política mintiendo y desinformando a la comunidad", añadió.

"La estabilidad de 25 de Mayo no depende de relatos mediáticos, depende de hacer las cosas como corresponde. Depende de comprometerse con este asunto de transcendencia histórica, no quedarse callado y aprobar lo que sea con tal de que salga rápido. Lo hecho a las apuradas y sin información, sale caro siempre", sostuvo.

Si hay desinversión, que reclame Provincia

Por otra parte, la legisladora indicó que "el contrato del área Medanito sigue vigente". "Si hay desinversión o incumplimientos, corresponde que el Ejecutivo provincial actúe y exija lo que el contrato manda", acotó.

"Ya lo dije claramente en la Legislatura —incluso cuando el intendente y el propio secretario de Energía estaban presentes—: hay que pedir explicaciones donde corresponde", dijo.

Un planteo a responder

"Además, quiero recordar que el 5 de noviembre del año pasado presenté un informe técnico, acompañado por mis colegas del bloque oficialista. No fue una decisión personal ni caprichosa: fue una postura colectiva, fundada y responsable", defendió.

"Y sumo algo más, que también es importante que la comunidad de 25 de Mayo sepa: en mi carácter de integrante de la Mesa de Precalificación y Preadjudicación —donde represento al oficialismo— presenté en tiempo y forma todas las observaciones técnicas sobre la documentación remitida por el Poder Ejecutivo. Lo hice por escrito, con fundamentos jurídicos y técnicos, señalando inconsistencias, errores formales, contradicciones y la necesidad de respetar las pautas de trabajo que la propia ley y la Mesa habían establecido", aseguró.

"Ese trabajo está hecho, está presentado y está respaldado. No demoro procesos: los fortalezco, no funciono en automático mucho menos con irresponsabilidad. Porque un pliego mal hecho compromete riqueza, regalías y recursos de La Pampa por décadas", alegó.

"Mientras otros buscan culpables, no se comprometen desde el trabajo y solo se dedican a hacer declaraciones vacías para medios de comunicación, sigo haciendo lo que corresponde: defender los recursos de La Pampa, cuidar los intereses de mi pueblo, y evitar que se repitan errores que después pagamos todas/os", abundó.

"No trabajo para los titulares de los medios de comunicación. Trabajo para la gente. Y aunque a algunos les moleste, lo voy a seguir haciendo con transparencia, responsabilidad y verdad", cerró.

El conflicto, en síntesis

Tal como establece la normativa, la Comisión de Precalificación y Preadjudicación de Medanito está integrada por 13 miembros que representan al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el municipio de 25 de Mayo y Pampetrol SAPEM.

En representación del Poder Ejecutivo, el secretario de Energía y Minería, Matías Toso; el subsecretario de Hidrocarburos y Minería, Gonzalo Sondón; el director de Minería e Inspecciones, Cristián Buss; la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso; y Alejandro Vicente en representación de Guido Bisterfeld, Ministerio de Hacienda y Finanzas. Por Pampetrol SAPEM asistieron su presidenta, María de los Ángeles Roveda; el director titular por el Poder Legislativo, Nicolás Romano; y el intendente del municipio de 25 de Mayo, Leonel Monsalve. En representación del Poder Legislativo participaron María Luz Alonso y Noelia Sosa (FREJUPA), Enrique Juan (PRO) y Julián Aguilar (UCR).

La diputada ultravernista Noelia Sosa  afirmó a fines de octubre que el proyecto de pliego licitatorio elaborado por el Ejecutivo violaba la voluntad del legislador expresada en la Ley 3620, especialmente en lo referido al cálculo de regalías básicas e incrementales.

Señaló que el pliego omitía el criterio legal que diferenciaba la "producción básica" de la "producción incremental" en función de nuevas inversiones. Cuestionó que el Gobierno propusiera calcular la producción incremental con una curva teórica, basada en años de baja inversión, lo que —según Sosa— perjudicaba a la Provincia y transfería beneficios indebidos al futuro operador.

Criticó también que la Secretaría de Energía considerara "imposible" medir producción por pozo, y exigió instalar medidores en boca de pozo como preveía la ley. Y acusó a la Secretaría de Energía de intentar relativizar o flexibilizar exigencias a las empresas, y recordó que Pampetrol podía operar el área si no había oferentes.

El Ejecutivo provincial negó las acusaciones. Aseguró que no existía aún un pliego definitivo, solo un anteproyecto en circulación interna. Rechazó que se estuviera alterando la distinción entre regalías básicas e incrementales. Interpretó las denuncias de Sosa como un conflicto político interno en la Línea Plural, y no como señalamientos técnicos. Sostuvo que no había ninguna medida en tratamiento que perjudicara los intereses de la Provincia.

La semana pasada Sosa volvió a la carga. Afirmó que la documentación enviada por el Ejecutivo para el proceso licitatorio era vulnerable, poco controlada y jurídicamente riesgosa. Reiteró que el método propuesto para calcular regalías transfería ilegalmente un 5% de regalías al futuro operador al no distinguir si la mayor producción provenía o no de nuevas inversiones.

Acusó al secretario de Energía Matías Toso de no responder oficialmente sus observaciones, pese a haberse comprometido el 28 de octubre. Señaló inconsistencias en los documentos enviados, como un Fondo Común Operativo que en un modelo figuraba de 20.000 dólares y en otro de 50.000 dólares, lo que calificó como "confuso y descuidado".

Denunció errores tipográficos, falta de control y revisión en la documentación para un contrato que regiría por 25 a 35 años, y que sería uno de los más importantes de la Provincia. Anticipó que sostendría y profundizaría su postura al momento del dictamen formal.