La Pampa advierte que la reforma de la Ley de Glaciares "agrava la problemática hídrica"

El Gobierno de La Pampa expresó su preocupación formal ante la aprobación en el Senado de la Nación de la modificación a la Ley de Glaciares, advirtiendo que la iniciativa "impactaría gravemente" en la provincia a pesar de que los glaciares no se encuentran dentro de su territorio, según un documento oficial difundido en las últimas horas.

El texto aprobado obtuvo media sanción y ahora será tratado en la Cámara de Diputados en medio de cuestionamientos de sectores científicos, ambientales y gobiernos provinciales. Según la posición oficial pampeana, los cambios introducidos en los criterios de protección del ambiente glaciar y periglacial "abren la posibilidad de habilitar actividades económicas -principalmente vinculadas a la minería- en áreas que hasta ahora estaban bajo resguardo", lo que podría implicar "una reducción efectiva de la superficie protegida y una flexibilización de controles".

La Pampa advirtió que los sistemas hídricos que abastecen al territorio pampeano -las cuencas del Atuel, del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó y del río Colorado- tienen su origen en zonas cordilleranas donde "la eventual flexibilización normativa podría generar efectos acumulativos sobre caudales y calidad del agua". "Cualquier alteración en las nacientes repercute aguas abajo, condicionando no solo los ecosistemas sino también la matriz productiva, el desarrollo regional y la calidad de vida de nuestra población", sostiene el pronunciamiento.

El documento oficial vincula la discusión con el histórico conflicto entre La Pampa y Mendoza por la gestión del río Atuel, señalando que "la experiencia demuestra que las decisiones en territorios aguas arriba generan consecuencias profundas: desertificación, pérdida de biodiversidad, afectación productiva y conflictos sociales persistentes". En ese marco, la reforma es interpretada como "un posible agravante de la problemática interjurisdiccional, al debilitar estándares comunes y habilitar criterios diferenciados según cada provincia".

Desde la perspectiva pampeana, reducir los estándares de protección implica "un retroceso en la política ambiental nacional y una vulneración del principio de no regresión, ampliamente reconocido en el derecho ambiental". "Lo que está en juego no es únicamente una ley, sino el modelo de gestión de los bienes comunes en un país federal: si prevalecerá una lógica fragmentada, donde cada provincia define en soledad, o un esquema con reglas comunes que garanticen equidad y sustentabilidad", sostiene el texto.

"La Pampa ya conoce las consecuencias devastadoras de que otras jurisdicciones manejen los recursos hídricos de forma unilateral. No podemos permitir que el concepto de 'progreso' de unos pocos condene a nuestra provincia", afirmaron desde Casa de Gobierno. Y concluyó: "Sin agua, no hay producción, no hay equidad social, no hay ecosistemas funcionales y no hay futuro posible. En esa ecuación, los glaciares -aunque lejanos en geografía- están en el centro del problema".