Las recomendaciones del Comité de Prevención de la Tortura

El Comité Nacional de Prevención de la Tortura le hizo severas recomendaciones al Ministerio de Seguridad y al Superior Tribunal de Justicia, refrescando que además algunas de esas sugerencias ya se plantearon en 2022.

El informe apunta que "si bien se valora" el anuncio realizado en el año 2023 sobre la creación de un servicio penitenciario provincial, "se refuerza la recomendación formulada" en el informe de la visita del año 2022 a los poderes Ejecutivo y Legislativo al respecto y a la adecuación de los convenios interjurisdiccionales.

En el informe de la visita del año 2022 se recomendó al Poder Ejecutivo brindar capacitaciones para que las revisiones médicas al momento del ingreso no sean superficiales ni se realicen en presencia del personal policial. "En la presente visita se siguieron relevando las mismas prácticas, por lo cual se insta al Ministerio de Seguridad a que elabore un protocolo para remediar esta práctica que fuera señalado en la primera visita y continúa desarrollándose", advierte el Comité.

Se refuerza en el informe la recomendación realizada en 2022 al Poder Judicial en relación al abordaje de la situación de sobrepoblación, la cual se constató persistía en la última visita realizada, motivo por el cual se lo insta a "considerar la aplicación de medidas alternativas a la prisión así como también a la utilización de los institutos de libertades anticipadas legalmente previstos".

Advierte, además: "Habida cuenta el mal estado de conservación y de infraestructura de los establecimientos policiales y que esta cuestión ya ha sido objeto de una recomendación anterior, se requiere al Ministerio de Seguridad a que en el plazo de 60 días remita a este Comité un Plan de Infraestructura en el cual se detallen las obras a realizar, el plazo previsto y las asignaciones presupuestarias", añade el planteo.

Tal como ya se hizo en 2022, se recomienda al Ministerio de Seguridad "ampliar la oferta de actividades y talleres en las alcaidías policiales".

El Comité también recomienda al Ministerio de Seguridad la elaboración de un registro de todas las muertes ocurridas bajo custodia policial, consignando de manera detallada el nombre de la persona fallecida; fecha, hora y lugar de ocurrencia; causa, factor y circunstancia de muerte, y si la misma se encuentra bajo investigación judicial, con la especificación de los organismos judiciales intervinientes y datos sobre el expediente.