Joven de La Adela quiso escapar de un control y casi se cayó al río
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EL DIARIO digital
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El conflicto por el cableado no autorizado del Grupo Clarín (operador de la infraestructura de Movistar/Telefónica) se agudiza en la capital pampeana. Pese a las intimaciones formales de la Municipalidad, cuadrillas contratadas por el multimedio fueron vistas realizando nuevas instalaciones de postes y tendidos de fibra óptica en el límite entre los barrios Butaló y Villa Parque durante las últimas horas.
Este nuevo avance se suma a la lista de zonas en las que la empresa ha decidido continuar las obras a pesar de la falta de permisos. Anteriormente, el municipio había labrado actas de infracción en el Barrio Nuestra Señora de Luján y el Barrio Congreso, donde se detectaron al menos una docena de postes colocados de forma irregular.
El desacato a las intimaciones
La Municipalidad de Santa Rosa ha mantenido una postura firme contra la expansión de la red de fibra óptica sin la correspondiente autorización.
Intimaciones: El Ejecutivo, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, envió una carta documento a la empresa exigiendo el cese inmediato de los trabajos y el retiro de la infraestructura instalada sin permiso en un plazo perentorio de 48 horas, bajo amenaza de fuertes sanciones económicas y la suspensión de futuras autorizaciones.
Decisión del Concejo: La situación escaló cuando el Concejo Deliberante decidió la semana pasada archivar los proyectos que solicitaban la ampliación de la red de Clarín en tres zonas de la ciudad. Este giro político se dio precisamente porque se constató que la empresa ya había iniciado obras sin la luz verde legislativa ni municipal.
A pesar de las actas labradas y el archivo del expediente, el Grupo Clarín no ha retirado las estructuras ni ha respondido formalmente a las intimaciones, optando por avanzar en nuevos frentes como el límite entre Butaló y Villa Parque.
La controversia, que enfrenta al gigante de las telecomunicaciones contra la administración municipal y la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE), se ha transformado en un pulso político y jurídico sobre quién define y controla la infraestructura de redes urbanas en Santa Rosa.
El conflicto se centra ahora en la decisión que tomará el Ejecutivo municipal para frenar de forma efectiva el despliegue ilegal y hacer cumplir la orden de retiro.
