Desembarco de Clarín: multas, pase a archivo y un Ejecutivo que debe decidir

En los últimos días, el conflicto entre el municipio de Santa Rosa y el Grupo Clarín cobró un nuevo escalón de tensión. Aun cuando la empresa ya instaló postes y tendió cables en varios barrios, los órganos municipales y cooperativos advierten que lo hizo "sin autorización" y ahora el Ejecutivo local se ve obligado a definir el curso de los acontecimientos.

El municipio en las últimas semanas labró una serie de actas de infracción: según constató, hay al menos una veintena de actas por colocación de postes fuera de zonas autorizadas u otros trabajos sin vistas técnicas.

La Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante de Santa Rosa decidió el miércoles pasado "archivar" los tres proyectos de ordenanza que la empresa había presentado para su expansión (112 kilómetros de tendido, más de 2.700 postes) ante las irregularidades advertidas. 

Con ello, la responsabilidad de definir los pasos queda en manos del Ejecutivo municipal, y en especial del intendente Luciano di Nápoli. 

Mientras tanto, la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) alerta que el avance de Clarín "vulnera la soberanía política de la provincia" al actuar sin permisos. 

El municipio ya intimó a la empresa a retirar postes instalados ilegalmente (por lo menos unos 20 identificados) y advirtió que, de no hacerlo, podría proceder con el desmontaje por cuenta de la empresa. 

Incertidumbre sobre los próximos pasos

Pese a que el archivo del proyecto legislativo marca un punto de inflexión, los interrogantes siguen. ¿Qué hará el Ejecutivo? ¿Interpondrá una demanda judicial? ¿Ejecutará el retiro de los postes y cables? ¿Cuánto puede demorar todo esto?

Algunas herramientas ya están sobre la mesa: se pueden seguir labrando actas de infracción administrativas, lo que ya se viene haciendo. El municipio tiene competencia para intimar y sancionar. 

Se puede proceder al retiro de los elementos instalados en la vía pública, "como se hace con carteles que no están autorizados", según sostuvo un concejal. 

También se puede acudir a la justicia para que ordene la suspensión de las obras, el retiro del tendido, o la imposición de sanciones. La CPE incluso ya evalúa demandar como "tercero perjudicado". 

¿Cómo se pueden sacar los postes y cables no autorizados? El municipio puede intimar a la empresa a retirarlos. Si la empresa no cumple, puede hacerlo el municipio con cargo a la empresa (es decir: el municipio lo asume y luego le factura o ejecuta la cuenta contra la empresa). Esta vía administrativa es más rápida que la judicial, pero su eficacia depende de que el municipio esté dispuesto a poner recursos para llevarla adelante.

Desde la justicia, se puede presentar una medida cautelar para que las obras se detengan y los elementos ilegales sean removidos. También se podría iniciar una demanda de nulidad o revocación de permisos (o ausencia de ellos) alegando que la empresa actuó en ultraje de la normativa municipal y provincial.

Incluso podría haber una acción de terceros perjudicados (como la CPE) en la que se reclame que el accionar de la empresa afectó derechos de otros.

¿Cuáles son los tiempos posibles?

En la vía administrativa, la intimación del municipio ya fue cursada. Si la empresa responde no realizando el retiro, el municipio puede actuar en cuestión de semanas. No hay un plazo fijo, pero al menos la actuación administrativa es inmediata.

En la judicial, dependerá de los pasos (presentación de demanda, admisión, medidas cautelares). Podría tardar meses hasta que haya una sentencia firme, aunque una medida cautelar podría dictarse en semanas si el juez entiende que hay urgencia.

Otra variable sería que la empresa se allane o negocie. Si se aviene a retirar los postes o suscribir un acuerdo antes de que avance la demanda, el conflicto puede diluirse más rápido.

Doble expectativa

El conflicto por el desembarco de Clarín en Santa Rosa se concentra ahora en una doble expectativa. Por un lado, que el Ejecutivo local actúe con firmeza —ya sea retirando la infraestructura irregular o acudiendo a la justicia—; por otro, que la empresa decida qué sigue: seguir desplegando sin permiso, suspender las obras, o negociar.

Mientras tanto, la comunidad está en vilo. Los cables siguen tendiéndose y los postes erguidos recuerdan que la "desautorización" no se acompaña aún de un desmontaje efectivo. La semana que viene será clave. El municipio tendrá que elegir qué herramienta prioriza, y Clarín deberá decidir si retrocede o sigue.

La historia no está cerrada. Lo que parecía un trámite legislativo se volvió un pulso político y jurídico con implicancias para el modelo de telecomunicaciones en la ciudad y para quién decide sobre las redes urbanas de Santa Rosa.