El PJ pampeano mostró músculo gremial junto a la UOCRA en General Pico
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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) – En los Tribunales de General Pico fue formalizada ayer la investigación penal preparatoria contra Agustín "El Gitano" Miguel, acusado de tres hechos de estafa en concurso real, con un perjuicio total superior a los 40 millones de pesos. El juez de Control Heber Pregno convalidó el planteo fiscal, ordenó 90 días de prisión preventiva y, ante la oferta de una compensación por parte de la defensa del imputado, dejó abierta la posibilidad de una salida alternativa si las víctimas son resarcidas económicamente.
La audiencia fue presidida por Pregno con la presencia del fiscal adjunto Matías Juan, el fiscal general Armando Agüero y el defensor oficial Gastón Gómez. Miguel fue detenido en Olavarría por una comisión de la Brigada de Investigaciones, tras librarse una orden de captura nacional el 16 de octubre.
El juez resolvió formalizar la investigación, disponer tres ruedas de reconocimiento con las víctimas y levantar la orden de detención, al haberse hecho efectiva la aprehensión. Fundó la prisión preventiva en el riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso, ante la falta de arraigo del imputado y la posibilidad de que interfiera en la localización de vehículos y bienes sustraídos.
El mismo método
Según la acusación, Miguel simulaba operaciones de compraventa de vehículos de alta gama, usando identidades falsas en redes sociales y generando confianza con sus víctimas. Acordaba los intercambios y luego sustraía rodados, dinero, cheques o bienes, sin concretar ninguna entrega.
El primer hecho ocurrió entre el 18 y el 23 de junio de 2025. Miguel, haciéndose pasar en redes por "Franco Barra" y luego por "Franco Miguel", ofrecía a la venta dos camionetas: una Toyota Hilux Highline 2014 y una Volkswagen Amarok 2018. Al concretar el contacto con la víctima, Marcelo Dávila, acordaron una operación por una de las camionetas. Dávila entregó su Ford Ranger 2014 (dominio BOA 882), cuatro inyectores y tres cheques que sumaban $4.875.000 (emitidos por Juan Pablo Capellán). El vehículo fue retirado de un taller de General Pico con autorización del damnificado, pero nunca recibió las camionetas y el imputado desapareció.
En el segundo caso, el damnificado fue Armando Lázaro Franco, de Bernardo Larroudé. Miguel —bajo el nombre falso de "Franco"— le ofreció un Chevrolet Corsa a cambio de un Renault 12 modelo 1981, una moto Motomel 2022 y $150.000 transferidos a una cuenta a nombre de Lucía Marinkovic, pareja del imputado. El vehículo tampoco fue entregado.
El tercer hecho afectó al electromecánico César Javier Guzmán, de General Pico. Miguel le ofreció una Toyota Hilux SRV 3.0 por la suma total de $13.000.000, a pagar con un adelanto y 43 cuotas de $300.000. Guzmán transfirió $2.050.000, entregó 70 baterías usadas valuadas en $3.500.000 y el 4 de julio abonó otros $50.000 a la misma cuenta de Marinkovic. La camioneta nunca fue entregada ni las baterías devueltas.
El fiscal Juan sostuvo que todos los casos presentan una "modalidad común y planificada", apoyada en documentación apócrifa, uso de cuentas bancarias de terceros y cambios frecuentes de identidad y líneas telefónicas. "No tenemos dudas de que se trató de un accionar sistemático y reiterado. Las víctimas entregaron rodados, dinero y hasta cheques, y en ningún caso recibieron lo acordado", afirmó el fiscal.
Posible acuerdo
Durante la audiencia, el defensor oficial sorprendió por su tono conciliador. Reconoció la solidez de la acusación fiscal y no se opuso ni a la formalización ni a la prisión preventiva, pero ofreció una compensación a las víctimas para llegar a un acuerdo.
"El fiscal ha sido muy claro. Entendemos que hay una maniobra básica, cruzada, que eventualmente deja expuesto al imputado. No vamos a formular observaciones respecto a la evidencia ni nos opondremos a la detención preventiva", expresó Gómez, que agregó que ya iniciaron conversaciones con la Fiscalía para explorar vías de compensación, mencionando incluso la posible entrega de una Ford Ranger y dinero como forma de reparación. "Existe la posibilidad real de ofrecer un bien de mayor valor o una compensación económica. Estamos dispuestos a colaborar con una solución que acerque a las víctimas a una reparación real", dijo.
El juez Pregno tomó nota de esa propuesta y señaló que "estamos ante un delito de tipo económico, y el propio Código Procesal habilita mecanismos para resolver este tipo de causas sin necesidad de llegar a juicio, si las víctimas son compensadas y hay voluntad de las partes".
Mientras tanto, Miguel permanecerá detenido hasta el 21 de enero de 2026, plazo durante el cual continuará la investigación y se definirán los pasos procesales siguientes.
