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EL DIARIO digital
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La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal remitió dos notas —una al Consejo de la Magistratura y otra al Colegio de Abogados de La Pampa— para expresar su "profunda preocupación" por las manifestaciones y conductas de uno de los integrantes del Consejo, que, según el planteo, podrían haber afectado los principios de igualdad, objetividad e imparcialidad durante un reciente concurso para cubrir una vacante en el Tribunal de Impugnación Penal.
En el escrito, la Asociación señaló que el representante del Colegio de Abogados, Marcos Paz, habría expresado durante la entrevista oral de dos fiscales "prejuicios en función del cargo que ocupaban actualmente" y cuestionamientos sobre su capacidad para desempeñarse como jueces, por no haber redactado sentencias previamente. Según la entidad, el consejero sostuvo que ese hecho representaba "un minus" en comparación con otros postulantes del ámbito judicial y que él tenía "un preconcepto" de que los fiscales "no podían tener la imparcialidad que se requiere para un cargo de juez".
Paz, que llegó a ocupar el cargo de ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad durante la gestión de Oscar Mario Jorge en 2015, representa actualmente al Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura.
"Lo expuesto demuestra un sesgo y prejuicio del evaluador que, paradójicamente, luego se les reprocha a los evaluados en el dictamen final, sin que ello surja objetivamente de las devoluciones grabadas", sostuvo la Asociación, que consideró que las expresiones "revelan un trato desigual" y una valoración contraria al espíritu de la Constitución Provincial y las leyes que regulan los concursos.
Asimismo, la entidad planteó que, si el evaluador "reconoce prejuicios respecto de distintos postulantes por su pertenencia a determinado órgano judicial, debió apartarse o ser apartado, lo que no ocurrió".
Las expresiones y actitudes del consejero, según advirtieron, "podrían interpretarse como indicativas de un sesgo previo respecto de determinados postulantes", lo que vulnera el principio de imparcialidad que debe regir la función institucional del Consejo de la Magistratura.
Por ello, la Asociación de Fiscales solicitó formalmente que se evalúe la situación a fin de garantizar la transparencia e independencia de los procesos de examen y selección; que se adopten las medidas necesarias para preservar la confianza pública en la objetividad del Consejo; y que se ratifique el compromiso institucional con los valores de igualdad, mérito y neutralidad que la sociedad exige.
