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EL DIARIO digital
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Desde este lunes, la justicia federal en La Pampa comenzó a operar bajo un nuevo sistema acusatorio, un cambio histórico que transfiere la dirección de las investigaciones de los jueces a los fiscales.
La fiscala federal Iara Silvestre explicó los alcances de esta reorganización del Ministerio Público Fiscal y aclaró la situación particular de General Pico: aunque se creó la fiscalía federal local, por el momento no contará con sede física en la ciudad.
El cambio más significativo del nuevo sistema es el protagonismo de los fiscales. "Somos los fiscales quienes vamos a llevar adelante las investigaciones", indicó Silvestre, señalando que el juez deja de actuar como instructor y pasa a ser un juez de garantías, similar al esquema vigente en la justicia provincial. La reforma busca agilizar los procesos: las investigaciones serán "desformalizadas", se priorizarán audiencias orales y se reducirá el uso de expedientes en papel. Además, los fiscales contarán con herramientas como el principio de oportunidad y salidas alternativas, enfocándose en los casos de mayor relevancia para la política criminal.
La situación de General Pico
Si bien se esperaba la instalación de la fiscalía federal en General Pico, Silvestre aclaró que no funcionará allí de manera inmediata. "Se habilita la fiscalía federal creada para Pico, pero no tendrá funcionamiento local por ahora", dijo Silvestre en diálogo con Infopico Radio.
La carga interina será asumida desde Bahía Blanca por un fiscal que se encargará de concluir los expedientes bajo el sistema anterior. La futura sede física dependerá de la finalización de esa tarea y de decisiones de la Procuración, considerando que el edificio previsto aún no ha sido acondicionado. La situación es similar a la de la jueza federal designada para la ciudad, Ivana Hernández, actualmente subrogando en Tartagal.
Reorganización
La estructura federal en La Pampa fue reestructurada, fusionando las fiscalías de primera instancia y ante el tribunal oral de Santa Rosa en una Unidad Fiscal única bajo la supervisión de Silvestre. Dentro de esta unidad, ella se encargará de la atención inicial y litigios complejos, mientras que el doctor Federico Iparraguirre asumirá los casos sencillos, la ejecución penal y la atención a víctimas.
Silvestre detalló que las causas vinculadas a la ley de estupefacientes representan cerca del 60% del total, de las cuales un 70% corresponde a narcomenudeo y el 30% a narcocriminalidad organizada. El resto involucra delitos contra instituciones nacionales o falsificación de documentos públicos. La provincia no adhirió a la ley de "desfederalización" del narcomenudeo, por lo que todos estos casos continúan bajo jurisdicción federal.
Actualmente, el plantel del Ministerio Público Fiscal federal en La Pampa está compuesto por 18 personas, con la previsión de sumar seis más mediante el ingreso democrático, para responder a los desafíos que plantea esta modernización del sistema judicial federal en la provincia.
