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EL DIARIO digital
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El Gobierno de La Pampa volvió a reclamar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que ordene al Ejecutivo nacional transferir los recursos necesarios para cubrir el déficit de las cajas jubilatorias provinciales. La deuda, que ya supera los 300 mil millones de pesos, sigue sin saldarse y agrava la situación financiera del sistema previsional pampeano.
La Provincia presentó hace un año la primera medida cautelar y en mayo de este año insistió en que el máximo tribunal acelere una resolución. Sin embargo, la Corte aún no se expidió. Ante esa demora, este martes 23 el Gobierno pampeano realizó un nuevo escrito para reforzar el pedido.
"Habiendo transcurrido más de un año desde la primera presentación y varios meses desde la segunda reiteración, lo cierto es que la medida cautelar continúa pendiente de decisión, en abierta contradicción con la naturaleza expedita e inmediata que caracteriza a este tipo de remedios. La demora agrava de modo irreversible la situación financiera del sistema previsional provincial y compromete derechos de raigambre constitucional, generando un perjuicio que cada día se torna más grave e de imposible reparación ulterior", expresó en la presentación la fiscal de Estado, Romina Schmidt.
El escrito del Gobierno provincial plantea tres pedidos principales:
- Que la Corte declare su competencia originaria en la causa, de acuerdo con el dictamen de la Procuración General de la Nación del 14 de mayo.
- Que se tenga por reiterada la petición de una medida cautelar urgente.
- Que se resuelva de manera inmediata, obligando al Estado nacional a cumplir con las transferencias adeudadas para evitar un daño irreparable.
Reclamo compartido
La Pampa no es la única jurisdicción afectada: son 13 las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación y que sufren el incumplimiento en los envíos de fondos. El Gobierno provincial sostiene que esta situación genera desigualdad con respecto a los distritos que sí dependen de la Anses.
En el caso pampeano, uno de los problemas es que la Anses no realizó las simulaciones necesarias para calcular el déficit de los años 2021, 2022, 2023 y 2024, pese a que la información fue remitida en tiempo y forma por la gestión de Ziliotto. Además, tampoco se pagaron los anticipos previstos en la Ley 27.260 durante 2024 y lo que va de 2025.
