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EL DIARIO digital
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El Gobierno provincial oficializó el cese de funciones del sargento de Policía Esteban Samuel Cuello, quien fue condenado por el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) a tres años de prisión de efectivo cumplimiento por los delitos de vejaciones y lesiones graves calificadas, cometidos en perjuicio de Matías A. Genovesio.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto Nº 1988, fechado el 9 de septiembre, y lleva la firma del gobernador junto al ministro de Seguridad y Justicia. Además de la pena de prisión, Cuello quedó inhabilitado para integrar cualquier fuerza de seguridad durante seis años, el doble del tiempo de la condena, tal como lo prevé la legislación penal.
El caso que motivó la condena se remonta a la madrugada del 10 de diciembre de 2020, cuando Genovesio fue detenido en Villa Tomás Mason, en Santa Rosa. Durante el procedimiento, Cuello redujo al joven, lo esposó y lo subió al patrullero. En el trayecto hacia la Brigada, según quedó probado en el juicio, lo golpeó reiteradamente en el rostro, lo insultó y lo humilló, mientras lo mantenía con la cabeza cubierta por su propia remera.
Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima debió ser atendida en el Hospital Evita, donde se le practicaron curaciones.
La condena
En primera instancia, la Audiencia de Juicio había fijado una pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva. Sin embargo, tras la apelación presentada por la defensora oficial Paula Arrigone, el TIP resolvió reducir la pena a tres años, aunque confirmó las calificaciones legales de lesiones graves calificadas y vejaciones.
Los jueces Mauricio Piombi y Filinto Rebechi fundamentaron que la sanción inicial resultaba excesiva, pero rechazaron el pedido de absolución de la defensa.
El Decreto Nº 1988 no solo establece el cese inmediato de Cuello en la fuerza policial, sino que faculta al Jefe de Policía a liquidar los haberes y licencias adeudadas. También ordena la intervención de distintas áreas administrativas y de control, como la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas.
Con esta medida, el Gobierno pampeano da por cerrada la situación administrativa del sargento condenado, quien ya no podrá desempeñarse en ninguna fuerza de seguridad de la provincia ni del país mientras dure la inhabilitación.
