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EL DIARIO digital
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Se trata de los diputados y diputadas de la UCR y CO que votaron en forma conjunta en rechazo de la ley Medanito.
" La iniciativa busca garantizar que quienes ejercen cargos de responsabilidad lo hagan libres de consumo de drogas ilegales, reforzando la ejemplaridad y la transparencia en la gestión pública", explicaron.
El proyecto fue firmado por los radicales Hipólito "Poli" Altolaguirre, Gisela Cuadrado y Sergio Pregno; Noelia Viara y Celeste Rivas, de PRO-MID; y Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, de Comunidad Organizada; quienes remarcaron que la sociedad demanda integridad y coherencia de sus representantes, especialmente frente a problemáticas tan graves como el narcotráfico.
La propuesta establece que deberán someterse a controles obligatorios: el gobernador y vicegobernador, ministros, subsecretarios, legisladores, jueces, magistrados, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, personal jerárquico de la Policía, así como funcionarios de sociedades del Estado y SAPEM. Los análisis se repetirán anualmente y estarán a cargo del Ministerio de Salud, con contralor de una comisión fiscalizadora integrada por representantes del Colegio Médico, la UNLPam, el Poder Ejecutivo, el Superior Tribunal de Justicia y los bloques legislativos minoritarios.
En caso de resultados positivos, se prevé la posibilidad de contrapruebas, además de medidas como licencias, suspensión en el cargo o incluso el cese de funciones, siempre con respeto a la Constitución y a la legislación vigente. Asimismo, se plantea la asistencia y acompañamiento a los funcionarios que atraviesen consumos problemáticos, garantizando un abordaje integral desde la salud pública.
Los autores del proyecto señalaron que "no se puede exigir a la ciudadanía cumplir con la ley si quienes deben dar el ejemplo no están libres de condicionamientos". En los fundamentos remarcan que el consumo de drogas afecta la capacidad de juicio y limita la responsabilidad de quienes deben tomar decisiones trascendentes para la provincia.
Además, sostienen que esta ley se enmarca en una política de Estado necesaria en tiempos de crisis y creciente presencia del narcotráfico. "La lucha contra las drogas exige funcionarios íntegros, con plena libertad de acción y exentos de cualquier dependencia que pueda condicionar su tarea", señalaron los diputados firmantes, quienes en la última sesión se opusieron a la "Ley Medanito".
Con esta propuesta, buscan reforzar la confianza ciudadana y asegurar que los tres poderes actúen con total transparencia, fortaleciendo el compromiso del Estado pampeano frente a una problemática que atraviesa a toda la sociedad.
El proyecto es más que una iniciativa sobre "narcotest" a los funcionarios pampeanos. Es un fuerte gesto político de un sector de la UCR que impulsó e impulsa un acuerdo con el partido Comunidad Organizada. Consideran que es la llave para desafiar el poder hegemónico del PJ pampeano. Los reacios a ese acuerdo ponen por delante el rechazo la figura del exministro y exintendente Juan Carlos Tierno, que tiene una saga e implosionar los espacios que lideró e integró.