Dictarán un acuerdo de juicio abreviado por la muerte de los obreros de Vial A

A pesar de los reclamos públicos de "justicia ejemplar" por la trágica muerte de los obreros Ezequiel Iriarte y Claudio Olgado, la causa está próxima a resolverse con un juicio abreviado. El acuerdo, que cuenta con el consentimiento de las familias, establece una pena de prisión en suspenso menor a tres años y una inhabilitación profesional de seis años para un solo imputado: el ingeniero en seguridad e higiene, Yamil Arena.

El Diario accedió a esa información este martes por fuentes judiciales y de personas vinculadas a las familias de las víctimas. "Hay necesidad de cerrar un proceso... por el dolor interminable. Por ahora alcanza solo a Arena, pero no se descarta de ir por más, de buscar otras responsabilidades, como por ejemplo la figura del capaz (Pablo Andrade)", confió a este diario una de esas fuentes.

La noticia se conoce mientras los familiares continúan denunciando públicamente las condiciones de trabajo que terminaron en la tragedia.

Tal como se informó, a pocas semanas de una nueva movilización convocada por los familiares de las víctimas, se conocieron videos que revelan las condiciones de trabajo a las que estaban expuestos los operarios. Las imágenes, filmadas en obras de la empresa Vial A, muestraron a dos trabajadores dentro de un desagüe con agua hasta la cintura, construyendo una pared sin elementos de seguridad. En otro registro, un operario salió de una cloaca sin ningún tipo de protección.

"En este video se ve cómo los hacen trabajar a los pibes. Ahí se ve que ni el Estado ni la UOCRA hacen nada", expresaron familiares de una de las víctimas, lamentando la falta de controles y la vulnerabilidad de los trabajadores. En contraposición, una fuente ligada a la Dirección Provincial de Vialidad afirmó que este tipo de trabajos ya no se realizan y que "los controles se hacen con rigurosidad".

¿Pacto final?

Según la investigación, el capataz Pablo Andrade habría ordenado a Iriarte y Olgado bajar a realizar una tarea para la que no estaban calificados y que, incluso, se habrían negado en un primer momento. El responsable de Seguridad e Higiene, Yamil Arena, también está imputado en la causa, al no estar presente en la obra y ante la falta de elementos de protección.

La resolución del caso a través de un juicio abreviado implica que al menos Arena admite su culpabilidad a cambio de una pena más leve y la evitación de un juicio oral. Aunque el acuerdo con las familias se habría logrado para dar un cierre a la causa, el pacto pone fin a la investigación sobre otros cargos jerárquicos o los dueños de la empresa, lo que generará un debate sobre si las penas que se dicten reflejan la magnitud de la tragedia.

"Dolor interminable" y "necesidad de cerrar un proceso" para mitigar un "dolor interminable". Esta posición, confirmada por fuentes judiciales y personas allegadas a las familias, explica el cambio de postura tras las masivas marchas en reclamo de justicia.

Si bien el acuerdo con la Fiscalía y la querella apuntaría a una resolución en la causa, no se descartan nuevas acciones. Este dato clave sugiere que la inhabilitación y la pena en suspenso no cierran la puerta a futuras imputaciones o a un juicio más profundo para otros responsables de la empresa. El caso, que mostró las lamentables condiciones de trabajo que costaron dos vidas, podría tener un cierre parcial, dejando la posibilidad de nuevas instancias judiciales abiertas en la búsqueda de una justicia completa.