En la UCR ahora impulsan a Coli, pero el juego sigue abierto
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EL DIARIO digital
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La intendenta de la rionegrina Catriel, Daniela Salzotto, y el intendente de la pampeana Colonia 25 de Mayo, Leonel Monsalve, afinan su estrategia conjunta para reclamar con alta visibilidad que el gobierno nacional atienda como corresponde el cuidado de la red vial.
Ambos jefes comunales patalean porque ni siquiera después de la tragedia múltiple en la Ruta 151 la gestión libertaria tiene alguna respuesta: desde la Casa Rosada solo derrama silencio.
"Ni siquiera tenemos alguna respuesta y eso genera impotencia", reconoció este jueves Salzotto. Define en qué fecha viajará a Buenos Aires junto con Monsalve para "pedirle al presidente que así como se subió a un tractor en la Rural, se suba a un auto y transite la Ruta 151".
Monsalve se había expresado en el mismo sentido: "la no respuesta es lo que mata", dijo durante el acto de "abrazo" simbólico que se hizo en la carretera "detonada".
Los reclamos por la mejora de las rutas no solo provienen de los sectores políticos provinciales, sino también de los gremios y de la sociedad civil. Transportistas han bloqueado rutas en señal de protesta ante las malas condiciones de las arterias viales.
Desde la Fundación Estrellas Amarillas, la pampeana Silvia González alerta en diálogo con El Diario sobre el notable incremento de siniestros viales y las cifras "aterradoras" que se prevén si no hay una respuesta estatal eficiente. "Estamos angustiadas y desoladas", añadió.
La tragedia que colmó el vaso
El abandono de la red vial por parte del gobierno nacional libertario tuvo una gota que colmó el vaso, al menos en la Patagonia: la tragedia en la Ruta 151 activó desde el dolor una demanda que ya se estaba dando en varios ámbitos, instancias y tonos.
Nación se corrió de cualquier inversión y mantenimiento de las rutas prácticamente desde la asunción de Javier Milei como presidente. Entre otros episodios, abandonó las obras en la Ruta 151, en la que ocurrió el siniestro fatal que le costó la vida a cuatro personas. Durante la nevada del sábado 26 de julio murieron Susana Rojas (62 años), su hija Milagros Abigail Segura (19) y sus nietos Maycol Monzón (19) y Luz Ibarra (7).
Esa situación provocó la unidad en la acción de varias comunas, que no sólo exigen por la seguridad vial, sino también por el impacto negativo que esa desidia tiene en la actividad productiva.
El gobierno de Sergio Ziliotto continúa exigiendo que el gobierno nacional cumpla con sus compromisos de financiamiento, necesarios para garantizar la seguridad de las personas y el bienestar económico de la provincia.
También el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck formalizó una demanda junto a cinco municipios de su provincia.
No es ningún secreto que la falta de inversión en infraestructura vial por parte del gobierno nacional se ha convertido en un grave problema para las provincias argentinas, y La Pampa y la Patagonia no son excepciones.
El costado productivo
La negligencia de la gestión nacional no solo está generando muertes en las rutas, sino también poniendo en riesgo la situación económica, particularmente en provincias con una fuerte dependencia de las rutas para el transporte de productos.
En las últimas horas, sobre la Ruta 151 aparecieron algunas tareas de bacheo. La intendenta de Catriel, Salzotto, insistió: "no es una respuesta cuando estamos hablando de una ruta de desarrollo productivo, no de 3 provincias, sino de todo el país, es la ruta de acceso a Vaca Muerta, es el punto más importante que tenemos que empoderar", aseveró.
En La Pampa hay además otras rutas nacionales y provinciales, como la 5, la 35 o la 1, que presentan un grave deterioro. La falta de mantenimiento y la escasa inversión en la reparación de las calzadas ha generado un escenario peligroso tanto para los conductores particulares como para los transportistas, quienes a diario recorren largos trayectos por esas rutas.
"La Patagonia existe"
Los baches, la falta de señalización y el pavimento deteriorado hacen que los siniestros viales sean más frecuentes: se refleja un abandono sistemático de las autoridades nacionales.
El descuido no solo afecta la seguridad de los pampeanos y de la zona patagónica, sino que también tiene un impacto directo en la economía provincial.
"No se trata sólo de dos comunidades que un Ejecutivo nacional no puede ver: la Patagonia existe, no es la ocurrencia de dos intendentes, estamos hablando de una obra sumamente importante", remarcó Salzotto.
La Pampa, al ser un territorio productor de alimentos y bienes de consumo, depende de un sistema de transporte eficiente y seguro para garantizar la competitividad de sus productos. Entre otras cosas, los retrasos en la cadena logística, causados por el mal estado de las rutas, incrementan los costos del transporte, afectando tanto a los productores como a los consumidores.
Demanda por $80.000 millones
A nivel nacional, el reclamo por la mejora de la infraestructura vial se ha intensificado. La deuda millonaria del gobierno nacional con las provincias, que en el caso de la obra pública de La Pampa asciende a $80 mil millones, refleja la falta de compromiso con el desarrollo regional.
El ministro Alfredo Intronati confirmó la cifra y dijo "esta decisión del Gobierno empieza a verse ahora; esta desinversión principalmente se manifiesta en el estado en el que se encuentran hoy las rutas".
El funcionario recordó que en el caso de las rutas existe un fondo específico, creado para mantenerlas y conservarlas y que está integrado a los impuestos al combustible. "Tendría que ser invertido, porque la obra pública no deja de ser una inversión. Estos fondos se tendrían que transferir a Vialidad. El dinero está, pero se va a una caja que les da la garantía o gobernabilidad que sostienen con el relato de déficit cero y el equilibrio fiscal".
La desidia en la infraestructura vial es también una barrera para el crecimiento y la competitividad de la región.
En lugar de destinar los recursos necesarios a la renovación y mantenimiento de las rutas, incluso establecidos por ley, la gestión del gobierno de Milei ha priorizado otras áreas, dejando a los ciudadanos y al sector productivo en una situación de vulnerabilidad.
