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EL DIARIO digital
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La Audiencia de Juicio de Santa Rosa condenó a Cristian Martín Galván, quien en mayo del año pasado estaba a cargo de la subcomisaría de Lonquimay, por haber utilizado a personas privadas de la libertad como "mozos" durante la celebración de su casamiento. La sentencia, dictada por el juez Andrés Aníbal Olié, impuso una pena de un año y tres meses de prisión condicional y la inhabilitación para cargos públicos por el doble de ese tiempo.
El hecho ocurrió el 31 de mayo de 2024, cuando el oficial inspecto Galván contrajo matrimonio en Lonquimay y, luego del civil, organizó un almuerzo en el pub Veneto, ubicado a media cuadra de la dependencia policial. Según quedó acreditado, cuatro detenidos fueron trasladados a ese local para limpiar, preparar el asado y servir a los invitados. Permanecieron allí desde la mañana hasta la tarde, sin ninguna autorización judicial.
Durante el debate oral, que se realizó en junio, testigos y efectivos policiales confirmaron que los internos Manuel Urrutia, Claudio Araneda, Denis Álvarez Pérez y Oscar Sánchez salieron de la subcomisaría y participaron en la celebración. Los propios detenidos declararon en el juicio que aceptaron el pedido de Galván, a quien describieron como "un jefe respetuoso", pero admitieron que estuvieron en el salón cumpliendo tareas.
En su defensa, Galván negó la acusación y alegó que se encontraba de licencia por matrimonio, que el evento fue privado y que no hubo presencia de personas detenidas. Sin embargo, el tribunal consideró contundente la coincidencia entre los testimonios de efectivos policiales y los relatos de los internos.
El juez Olié remarcó que la conducta del imputado implicó un abuso de su autoridad, que puso en riesgo la seguridad pública y vulneró la función misma de la Policía, ya que "personas condenadas se desplazaron libremente por la localidad para cumplir tareas en un evento privado".
Además de la condena, el magistrado ordenó la notificación de la sentencia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y la restitución del teléfono celular secuestrado al acusado.
La causa judicial se inició a raíz de un informe elevado por el coordinador regional al entonces jefe de la Unidad Regional I, Marcelo Calderón, quien dispuso la investigación penal correspondiente. Adicionalmente, la FIA también ha abierto un sumario administrativo por el hecho.
Durante el juicio, Galván denunció que la acusación era producto de una "interna policial". La pena que decidió Olié coincidió con lo que había pedido el fiscal general Guillermo Sancho durante los alegatos, mientras que la defensa había pedido la absolución por el beneficio de la duda.
